Pronto sabremos si el jurado de Brooklyn condena o absuelve a García Luna, o lo encuentra culpable de alguno de los cargos presentados por la Fiscalía, pero no culpable de otros. Los que le han invertido mucho a este caso, como la DEA, la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York, el presidente López Obrador, y de una manera distinta, seguramente Felipe Calderón y buena parte de su gabinete, reaccionarán ante la decisión final de una manera o de otra. Por cierto, llamarla final no es necesariamente cierto. Si García Luna es condenado, podrá apelar el fallo, y en su caso intentar, ahora sí, volverse testigo protegido, o presentar nuevas pruebas o evidencias que no presentó en el juicio. A la inversa, si la Fiscalía pierde y García Luna es absuelto, podrá o bien apelar —creo que es improbable— o bien desistirse de hacerlo y entonces ver cómo García Luna sale caminando del juzgado en Brooklyn.
Pero, por lo pronto, ya hay una veta interesante que explorar en lo que ha sucedido. Como siempre en estos asuntos, es borrosa la imagen y confusa la situación. Sabemos que López Obrador se ardió en serio antier ante el intento del abogado defensor César de Castro de sacarle al Rey Zambada más detalles sobre una acusación que él había formulado en dos ocasiones anteriores. Se trata de los ya famosos 7 millones de dólares que Zambada dijo, tanto en sus entrevistas con autoridades norteamericanas para volverse testigo protegido, como en el juicio del Chapo, haber entregado a Gabriel Regino, que a su vez los habría remitido a su entonces jefe Ebrard, que los habría luego transferido a la campaña de López Obrador de 2006. Incluso ya hoy López Obrador inventó esta nueva maravilla bananera de querer demandar al abogado defensor en cuestión por calumniarlo, cuando lo único que hizo ese abogado es intentar que Zambada repitiera lo que ya ha dicho y que, por cierto, no provocó la misma ira de López Obrador en otro momento.
Lo interesante del incidente en el juzgado es lo siguiente, que fue reportado en parte por quienes cubren el proceso en Nueva York. Al tratar César de Castro de releerle a Zambada su declaración ante las autoridades con quienes conversaba hace unos años, y aparentemente, su propia declaración en el juicio del Chapo, la Fiscalía Federal objetó. En ese momento el juez Cogan llama a la Fiscalía y al abogado defensor a acercarse a él y sostiene una conversación privada con ellos, de la cual procede la decisión de la defensa de no seguir adelante con esa línea interrogatoria. ¿Qué sucedió en esa conversación llamada sidebar entre la Fiscalía, la defensa y el juez?
Uno de los reporteros que cubren el juicio, Keegan Hamilton de Vice News, reprodujo parte de la conversación sin que me quede claro exactamente cómo la obtuvo. En dos ocasiones, la fiscal Komatireddy sostuvo que la defensa había mencionado una conversación que involucra a un presidente en funciones de México. Y que sólo puede crear problemas y generar una distracción ante el fondo del proceso. El juez aceptó la objeción y le indicó a de Castro que debía suspender ese curso. Ahí termina la mención.
Algo parecido, creo recordar, sucedió en el juicio del Chapo Guzmán en 2019 con el mismo juez. En algún momento, la defensa de Guzmán, justamente interrogando a Zambada —creo—, se refiere a su declaración de los 7 millones de dólares entregados a Regino. De nuevo, el juez Cogan intervino y llamó a la defensa y a la Fiscalía a su lado, y ordenó que se suspenda esa línea interrogatoria. En aquel momento especulé que en asuntos de seguridad nacional o de política exterior, un juez federal puede atender sugerencias, exigencias, o peticiones del Poder Ejecutivo de no poner en peligro relaciones exteriores de Estados Unidos o la seguridad nacional de ese país. Ha sucedido en muchísimos casos de espionaje a lo largo de los últimos 70 años —desde los Rosenberg por lo menos— y no podía yo descartar que eso estuviera sucediendo en aquella ocasión.
Tampoco lo puedo descartar en esta ocasión. Me quedo con la sensación de que lo que alcanzó a escuchar Keegan sobre la objeción que planteó la Fiscalía y las razones por las cuales el juez atendió dicha objeción tienen que ver con esos asuntos. Es decir: tienen que ver con la sospecha, la certeza, o la hipótesis de las autoridades norteamericanas desde tiempo atrás —probablemente 2006— de que López Obrador recibió dinero del narco para su campaña o para su plantón.