La definición de un preso político siempre es espinosa. En la gran mayoría de los países donde han habido, hay o habrán presos políticos, existen leyes que tipifican como delitos ciertos actos… políticos. Los llamados artículos de sedición o de disolución social en México; las leyes en Cuba que actualmente castigan cualquier acto que amenace al socialismo o a la revolución o al régimen cubano; las normas que hoy en Nicaragua castigan cualquier conexión con financiamiento externo para una ONG: todos estos son delitos perfectamente tipificados en las leyes de estos países.
Ilustración: Patricio Betteohttps://a49e660ab44cadcc835fd376a598b551.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Si nos remontamos a las dictaduras de derecha de América Latina en los años 70 y 80 o a las leyes —incluyendo las de Nuremberg— de la Alemania Nazi, veremos que el problema no es que un comportamiento político viole o no la ley, pues las dictaduras suelen tener leyes que prohíben cierto tipo de quehacer político, en particular aquel que busque acabar con dicha dictadura.
Por tanto, no es únicamente el delito per se el que define el carácter del preso político. Un preso también puede pertenecer a esa categoría si, en alguna medida, la razón por la cual se encuentra encarcelado —haya esta persona violado una ley perfectamente formulada o cometido un acto contrario a una dictadura sin violar ninguna ley, como sucedía durante el terror estalinista— es claramente política, aunque el delito del cual se le acuse no sea necesariamente político, sino incluso del fuero común. En otras palabras: hay que ampliar la definición de “preso político” para incluir por lo menos a estas otras dos tipificaciones, si no es que varias más.
En este sentido, Rosario Robles —al igual que Elba Esther Gordillo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Rául Salinas en el sexenio de Ernesto Zedillo— es o ha sido una presa política. Tanto ella como los otros ejemplos que menciono pueden o no haber cometido delitos del orden común, si bien es cierto que en los dos últimos casos los presuntos criminales resultaron absueltos. Del mismo modo, es posible que el juicio a Robles resulte en una sentencia por haber cometido el delito de la llamada Estafa Maestra. Pero ninguna de estas personas fue encarcelada porque la autoridad tuviera certeza de que habían cometido los delitos de los que se les acusa. Se trató, más bien, de razones, motivaciones e impulsos políticos por parte de los gobernantes en turno. Por eso el caso de Robles es especialmente escandaloso: uno puede entender que, en los otros dos casos mencionados, regímenes como los de Peña y Zedillo hayan sentido que no les quedaba de otra más que proceder como procedieron; pero lo mismo no es cierto del gobierno actual.
Robles es hoy una presa política, pues la razón por la cual se encuentra en la cárcel es estrictamente política. Insisto: esto no significa que Robles no pueda resultar culpable de los delitos del orden común de los cuales se le acusa. No se trata de eso. Hay mucha gente a la que se podría acusar de delitos parecidos o incluso idénticos y que sin embargo no lleva más de dos años en la cárcel de Santa Martha Acatitla.
El hecho de que justo ayer un juez haya vuelto a negarle a Robles la libertad bajo fianza muestra claramente la intencionalidad política de su encarcelamiento, así como la cuasi-imposibilidad de que esto se corrija antes de que existan las condiciones políticas —no jurídicas— para una rectificación. Es posible que Robles salga de la cárcel dentro de unas semanas tras una apelación al fallo de ayer. Pero por lo pronto, y a pesar de las ilusiones de muchos, resulta evidente que las facetas jurídicas del caso son prácticamente irrelevantes. Robles está en la cárcel por una venganza personal de López Obrador contra ella por el papel que desempeñó en el financiamiento de la campaña del ahora presidente para la jefatura de gobierno en 2000, y también por el manejo que Robles hizo de las finanzas del PRD cuando ésta sucedió al propio López Obrador como presidenta de dicho partido. No hay que buscarle mucho más al asunto.
Lo extraño es que un gobierno de este tipo recurra a semejantes prácticas después de haber visto lo que sucedía en el pasado. Hay pocos países en América Latina que tengan un historial tan largo —por lo menos desde los años 50— con respecto a los presos políticos. Basta recordar una de las principales consignas del 68: “Libertad Presos Políticos”, eslogan que se refería en particular a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa. Pero donde manda capitán no gobierna marinero. En este caso, cualquiera que sea la condición profunda del Fiscal General de la República, el objetivo es que Rosario Robles permanezca en la cárcel hasta que por razones políticas se decida liberarla y dejarla enfrentar un proceso en el cual podrá resultar culpable o inocente por razones —ahora sí— jurídicas. Este es el México de la 4T: idéntico o al menos similar al México de la gran mayoría de los gobiernos de nuestro país desde por lo menos los años 40 del siglo pasado.