Los documentos internos de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, las recurrentes expresiones de la presidenta Sheinbaum sobre los supuestos y verdaderos responsables de la corrupción en el INE, su propuesta de una nueva reforma electoral después de los comicios de 2027, y la libertad en la cual se encuentran Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas sugieren, en su conjunto, una estrategia compleja. Después de haber capturado parcialmente al INE, al poder judicial y al Tribunal Electoral, todo parece indicar que la 4T va ahora por un control total sobre el INE antes de las elecciones del año entrante, y después de las mismas, eliminar por completo al INE tal y como se creó (el IFE) en 1996.
Primero viene el desprestigio de la institución, al igual que con el poder judicial y los organismos autónomos bajo AMLO. Se trata de convencer a la opinión pública -no publicada- de que la corrupción de Taddei y sus colaboradores y amigos no proviene de Taddei y sus colaboradores y amigos, sino de todas las autoridades del INE-IFE desde los años noventa. Lorenzo Córdova es el símbolo de dicha corrupción ya casi secular, pero sus predecesores tampoco escapan a las insinuaciones, filtraciones y denuncias de Sheinbaum. De esta manera, el gobierno prepara el terreno, en primer lugar, para asegurar una mayoría calificada ilegal y espuria, y luego, gracias a ella, garantizar una reforma electoral que permita la captura completa de las elecciones en México.
La primera trampa inserta en esta maniobra radica en la eliminación del nexo entre captura y corrupción en el INE. Obviamente es grave que se hayan robado tanto Taddei y Cía., pero es igual de lamentable la forma en que ella y los consejeros afines -como Montaño- entregaron la independencia del INE al gobierno. De Córdova y sus predecesores se podrá decir lo que quieran, pero a menos de creer en las fantasías del Peje sobre el fraude del 2006 -que Fox no confirmó, por cierto- nunca socavaron o destruyeron la autonomía de la institución. Taddei, AMLO y Sheinbaum, sí. La captura fue gracias a la corrupción; sin ésta última, y sin prejuzgar de la institucionalidad de la Taddei y sus secuaces, es poco probable que hubiera habido captura sin corrupción. Van de la mano.
La reforma del 2022 que Sheinbaum pretende replantear en septiembre del año siguiente es conocida. En lo que nos atañe aquí y además de eliminar los diputados y senadores de representación proporcional vigentes, incluía la virtual incorporación del INE al gobierno, la elección de los consejeros por el sufragio universal, y la eliminación del financiamiento a los partidos políticos en años no electorales. Proponía también la elección de los magistrados del Tribunal Electoral por el voto popular. Con estos cambios, rechazados en 2022, por falta de mayoría morenista constitucional, se acaba la independencia del órgano electoral. En 2027, si todo les sale como quieren, lograrán la aprobación que se les negó antes.
Se podría pensar que un gobierno tan incompetente y carente de visión estratégica es incapaz de elaborar un plan de este calado. Falso: sea Sheinbaum, sea López Obrador, sean los consejeros áulicos presidenciales, tampoco es ciencia oculta. Saben lo que quieren, o en todo caso, si el escándalo de Taddei los tomó por sorpresa -lo dudo- han podido reaccionar con celeridad y eficacia. Se dirá que su cinismo apabulla: se necesita muy poca vergüenza o madre para destruir una de las pocas instituciones que los mexicanos respetamos. Nadie debiera sorprenderse.
La pregunta debe ser otra. Si todo lo mencionado representa una auténtica e inminente amenaza a la incipiente y precaria democracia mexicana -mucho más que lo sucedido hasta ahora bajo la 4T- ¿qué procede? Los poderes fácticos en este país -el empresariado, la iglesia, las fuerzas armadas, Estados Unidos, la academia- deben reflexionar sobre algo en el fondo muy sencillo. Todos pudieron y supieron convivir con el régimen autoritario de antes de 1997. No les fue mal. Se han beneficiado también de la democracia representativa instalada en México desde entonces: a pesar de ser frágil, deficiente, incompleta y efímera, parece.
Si les da igual lo primero y lo segundo, probablemente deben dejar pasar la asonada legal de la 4T. Si no, convendría alzar la voz. Ahora, no después. Recuerdo cómo Ken Salazar, el embajador de México en Washington (no es error de dedo) impugnó la reforma judicial de AMLO cuando ya fue muy tarde. Su crítica no sirvió de nada, pero provocó un rompimiento definitivo con su amigo de Palacio, ya enojado por el caso del Mayo Zambada. Ojalá los poderes fácticos no repitan el mismo error.