El 16 de septiembre 10 familiares de algunas de las 45 víctimas de Acteal, en diciembre de 1997, demandaron al presidente Zedillo ante un tribunal federal en Connecticut por daños y perjuicios. Según los tres periódicos de la ciudad donde se ubica el tribunal, Hartford Courant, The New Haven Register y el Connecticut Post, la demanda sería por más de 10 millones de USD y se referiría a un supuesto plan Chiapas 94, un documento secreto del gobierno de México que contemplaba el uso de fuerzas armadas civiles, policiacas y militares para aplastar la rebelión chiapaneca del 94.De acuerdo con versiones de prensa, la firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess de Miami está invocando una ley federal norteamericana que permite a víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario o de derechos humanos demandar a los supuestos responsables de dichas violaciones en Estados Unidos. Se trata de la antigua Alien Tort Claim Act y la Torture Victim Protection Act de 1991, y los autores de la demanda son 4 mujeres y 6 hombres sobrevivientes de la masacre, o viudas o hijos de las víctimas. La demanda, según la prensa, es de 53 páginas de extensión y acusa a Zedillo de haber dado la orden de recurrir a prácticas que condujeron a la tragedia de Acteal, y de con el entonces procurador, Jorge Madrazo, haber impedido o distorsionado la investigación. Se acusa a Zedillo de crímenes de lesa humanidad. Aunque en teoría demandas de este tipo deben ser presentadas a menos de 10 años de los hechos, los abogados alegan que los 10 años deben correr a partir del momento en que se supo de la complicidad del acusado.Zedillo dijo que las acusaciones son falsas y calumniosas. No hay ni una sola prueba que muestre la complicidad del Ejército o del gobierno federal con la matanza de Acteal. La responsabilidad es de los que perpetraron la masacre y del sistema judicial mexicano que en los 14 años posteriores ha tenido que liberar a más de 80 de los 95 acusados inicialmente. No parece haber nada, en las versiones de la prensa sobre el contenido de la demanda, que justifique la acusación.El problema no es responsabilidad jurídica de Zedillo. Lo más probable es que cualquier juez federal de Estados Unidos deseche la demanda por improcedente y que el ex Presidente no tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. Los abogados de las víctimas afirman: "Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo en este caso. No hubiéramos presentado la demanda si pensáramos que será desechada". El verdadero problema es que, si esto ya sucede con 10 familiares de 45 víctimas 14 años después, qué podría pasar con las más de 5 mil denuncias de violación de derechos humanos recibidas en este sexenio, o con eventuales demandas que podrían interponer familiares de los miles de muertos producidos por la guerra del narco.La demanda se presenta en Connecticut porque ahí vive Zedillo (el que no sea residente de EU, sino que da clases en Yale con visas J-1 y O-1, no invalida la demanda según los abogados, pues ahí trabaja, tiene casa, y pasa buena parte de su tiempo) pero no es ni el primer, ni será el último, ex Presidente en el mundo que sea demandado fuera de su país. El caso más célebre es el de Pinochet, detenido en Londres en 1998 por una orden del juez Garzón. Hay y habrá más.Tres elementos permiten pronosticarlo: la posibilidad de recurrir a la vía civil en EU, la cláusula de jurisdicción universal de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, y la posibilidad de contar con abogados competentes como Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, P.A. (entre sus clientes figura The Miami Heat) que hagan bien su chamba, sea pro bono o bien pagados. Al preguntarles si esto lo hacían pro bono o por honorarios me contestaron: "no podemos responder porque está cubierta por el secreto profesional", cabe preguntar, ¿para con quién?
Ex Presidente demandado en EU
