Hasta el 2000, con excepciones, los sucesivos gobiernos de México rechazaban o solo aceptaban el escrutinio externo en materia de derechos humanos. Zedillo tuvo un desafortunado encuentro con ONGs en París, que le costó su empleo al entonces embajador Jorge Carpizo; Salinas movilizaba a sus amigos en EU para neutralizar denuncias a su gobierno por violaciones a los derechos humanos y se negó a incluir cualquier cláusula democrática o de DH en el TLCAN, a diferencia de Zedillo, que sí la aceptó en el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.
Eso cambió con Fox, que siguió la política contraria: suscitar el mayor escrutinio externo posible, tanto de ONGs como de organismos multilaterales, incluyendo los comités de expertos de la ONU en Ginebra y de la OEA en Washington. Calderón dio marcha atrás a la mitad del camino, volviendo a la vieja tesis priista de que esos asuntos solo incumben a los mexicanos; Peña Nieto ha permanecido en ese medio camino, primero con cierto éxito, ahora con incomodidad.
Sergio Aguayo ha reseñado los tropiezos autoinfligidos por el gobierno en sus reacciones ante pronunciamientos críticos del Consejo de DH y de los Comités de Ginebra sobre Tortura, Desapariciones Forzadas, del Departamento de Estado, de los antropólogos forenses argentinos, y ahora del grupo de expertos nombrado por la CIDH para investigar las desapariciones de Ayotzinapa. En estos casos se le ha hecho bolas el engrudo; el último puede ser el más complicado.
Los expertos han pedido conversar con los militares del 27 Batallón en Iguala. Sus interlocutores oficiales han dado largas, sin negarse, pero el paso del tiempo ha agudizado las tensiones.
Todo indica que, detrás de los clásicos legalismos o “leguleyismos” del gobierno ante la solicitud, yace una renuencia de la Sedena para permitir dicho encuentro. Sin cuestionar ni conocer los motivos del Ejército, es evidente que el régimen se paralizó frente a una división de intereses burocráticos. Los expertos fueron invitados por EPN; México sufraga sus gastos y trató de que los dirigiera una figura confiable (Sergio García Ramírez o Diego Valadés); Segob y SRE saben bien que sin encuentro con los acuartelados del 26 de septiembre, el informe no solo no cumplirá su propósito —brindar credibilidad a la “verdad histórica”— sino que resultará contraproducente.
Las fuerzas armadas no parecen dar su brazo a torcer. Los Pinos está donde debe estar —en medio— pero se está tardando en arbitrar. Quizás les sirva un poquito de contexto.
Ayotzinapa: expertos, DH y fuerzas armadas
