Se presentó el informe “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, elaborado durante los últimos tres años por la Iniciativa de Justicia de la Open Society Foundations, grupo financiado por George Soros. Varios organismos mexicanos de derechos humanos participaron en la investigación y redacción. Es la crítica más demoledora que ha habido a la guerra del narco de Calderón y Peña Nieto desde su inicio a finales del 2007.
Sostienen que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura por las fuerzas de seguridad mexicana y por Los Zetas de estos últimos 10 años constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional en La Haya. Como los redactores del informe decidieron no hacer esa recomendación directamente, hallaron una postura intermedia: que se haga la investigación en México con el apoyo internacional.
El informe recurre a una gran cantidad de casos, la mayoría conocidos, pero los ubica en un marco contextual jurídicamente más sólido que el de otras peticiones a la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación preliminar. Considera que el uso de los términos generalizado y sistémico sí es adecuado, y recurre constantemente a ejemplos de encubrimiento y de no castigo para mostrar cómo no solo se trata de crímenes de lesa humanidad, sino impunes. Este informe no tendrá repercusión en la postura del gobierno.
La respuesta oficial ayer fue entre ridícula y calderonista. Decir que la mayoría de las muertes son resultado de conflictos entre integrantes del crimen organizado es aberrante: ¿cómo lo sabe el gobierno si solo se han abierto un número mínimo de averiguaciones previas? ¿Cómo lo sabe a propósito de las decenas de miles de desapariciones? ¿Cómo si no se han recuperado los cadáveres en muchos casos?
Sin embargo, al acumularse este tipo de informes por parte de instituciones de gran prestigio en el mundo (solo los castristas antisemitas no quieren a Soros) se genera una presión cada vez mayor para que lleguemos poco a poco a medidas más radicales.
Quienes nos hemos preocupado por los derechos humanos fuimos a Guatemala a ver de cerca el funcionamiento de la CICIG y a hablar con sus integrantes desde hace más de un año y sugerimos que probablemente era conveniente un mecanismo análogo en México, nos congratularnos del contenido de este informe y de sus recomendaciones. Asimismo, quienes pensamos desde 2012 que las más de 20 mil firmas enviadas a La Haya pidiendo la apertura de una investigación preliminar del gobierno de Calderón estaba mal armada y no iba a ser aprobada (ya fue rechazada), creemos que este informe puede servirle a quienes quieran volver a presentar esas solicitudes, pero ya en un marco jurídico e investigativo más sólido.
Atrocidades innegables
