Colombia: ¿’administrar’ el narco?Jorge G. Castañeda24 Dic. 08 Uno de los elementos para la discusión actual en México sobre la guerra contra el narco es la experiencia colombiana. Para aclarar paradas, conviene subrayar de entrada que este autor no cree ni en la "colombianización" de México ni en las analogías supuestamente evidentes entre ambos países. México no tiene, ni ha tenido, ni hay ninguna razón para pensar que tenga en el futuro, un reto guerrillero-revolucionario-subversivo-terrorista. Quien quiera aferrarse a estos mitos, desde el 94 hasta Morelia en septiembre pasado, lo hace por una agenda política válida, pero ajena al análisis de los hechos. Usar comparaciones con Colombia para mostrar el deterioro o el éxito mexicano es una tergiversación de la historia, de la geografía, y de las dimensiones de los dos países. Lo que sigue debe ser tomado sólo como un catalizador de reflexión y debate, no como modelo o contraejemplo.Es necesario, también, señalar que lo sucedido en Colombia estos últimos 10 años no es necesariamente ni a las intenciones originales de los autores del Plan Colombia, ni a la versión que Uribe pueda compartir con sus colegas, adversarios o partidarios. El resultado real puede ser más ilustrativo y revelador que las motivaciones iniciales o la historia oficial.Cuando en 1999 Clinton y Pastrana lanzaron el Plan Colombia, su objetivo explícito era erradicar el narco: siembra, producción y exportación de cocaína, heroína y mariguana hacia Estados Unidos, y combatir algunos efectos colaterales como la violencia, corrupción y terrorismo. Pastrana buscó negociar con las FARC y el ELN y no resultó. En 2002 Uribe ganó la Presidencia gracias a la consigna de la "seguridad democrática" que equivalía a más Plan Colombia, pero en lugar de negociar con la guerrilla, combatirla frontalmente.Si evaluamos los resultados de estos 10 años de Plan Colombia y "seguridad democrática", con casi 10 mil millones de dólares de asistencia norteamericana (sumando los 300 millones de dólares anuales desde antes de 1999 y las partidas especiales desde entonces para el Plan), el devenir es en buena medida lamentable. De acuerdo con Human Rights Watch (a cuya junta de gobierno pertenezco y cuyas tesis sobre Colombia, Venezuela, México, Cuba o Estados Unidos suscribo plenamente), en Colombia se violan sistemáticamente los derechos humanos y en particular los laborales; el número de personas desplazadas ha aumentado (pasó del cuarto al segundo lugar en el mundo en 7 años), las narco-guerrillas siguen vivas; los paramilitares han sido indultados pero su penetración en la política (llamada "parapolítica") ha crecido; y Colombia sigue produciendo casi el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos. Si cotejamos los resultados del Plan Colombia y la "seguridad democrática" contra sus fines, estamos ante un fracaso.Pero si vemos las cosas de otra manera, se complica la evaluación. En realidad, Uribe con la ayuda de Estados Unidos ha cosechado grandes logros, pero que no son los que ostensiblemente se proponía. Y a la inversa, lo que no ha logrado parece haber dejado de importar, lo que en sí mismo es otro logro. En Colombia, han disminuido dramáticamente los daños colaterales del narco, sin que éste decrezca. Los secuestros, los atentados, la llamada "pesca milagrosa" en las carreteras, la corrupción directa y escandalosa y el carácter de virtual paria internacional de los colombianos se han reducido o desaparecido. El ELN, desde antes, es más membrete que guerrilla y sólo existe en los cafés de La Habana. Y las FARC, que después de las negociaciones fallidas con Pastrana alcanzaron la cima de su fuerza histórica en 2003, han sido también prácticamente desmanteladas, o en todo caso arrinconadas ya que su capacidad de acción, fuego y financiamiento parece haber desaparecido. Las AUC, o paramilitares, también han sido desmontadas a través de una política de desarme y amnistía, discutible pero eficaz, por la extradición de muchos de sus capos a Estados Unidos y por una especie de indulto tácito para sus personeros políticos y judiciales. Por otro lado, ya sea porque ha sabido venderse bien, ya sea porque se ha dado una reorientación de las exportaciones de la cocaína hacia Brasil, Europa y Rusia, vía el oriente colombiano y Venezuela, Uribe ha dejado de padecer la presión de Estados Unidos en esta materia. No es poca cosa, tomando en cuenta la historia reciente.Lo extraño, sin embargo, proviene de un hecho discutido por las autoridades colombianas pero aceptado prácticamente por el resto del mundo. A pesar del controvertido programa de fumigación de la selva, dice la Office on Drugs and Crime de la ONU (UNDCP) que la superficie sembrada de hoja de coca en el 2000 era de 163 mil hectáreas. Para el 2007 la superficie sembrada alcanzó 167 mil, según la Office of National Drug Control Policy de Estados Unidos. Según la CIA, la producción de cocaína pura, después de haber declinado entre el 2001 y 2004, ha vuelto a subir para alcanzar más de 600 toneladas en 2007. Las cifras para la superficie sembrada de amapola y la producción de heroína son semejantes. En otras palabras: no ha disminuido la superficie cultivada, ni la producción, ni sus volúmenes de exportación.En los hechos, Colombia ha practicado una política de "reducción del daño" (el término acuñado por Ethan Adelman, a propósito del consumo de heroína en Estados Unidos) sin una reducción equivalente en la base misma del narcotráfico. Colombia ha contenido los efectos del narcotráfico, no su causa, a saber, la demanda en ciertos países y la oferta en otros. En los hechos, ha concentrado sus esfuerzos en ciertos eslabones de la cadena y no en otros. En los hechos, sin que jamás lo llegue a aceptar, ha "administrado" el narcotráfico.