No es que la violencia sea nueva para Ciudad Juárez, en el norte de México. Como población fronteriza, al otro lado de El Paso, Texas, siempre ha tenido un cierto sabor del Viejo Oeste. Es donde plantas ensambladoras (maquiladoras) se han concentrado y donde ha existido desde hace décadas la ruta más importante de las drogas hacia Estados Unidos.Es también donde docenas de las "Mujeres de Juárez" fueron asesinadas en los primeros años de los ‘90. Y donde barones de las drogas como Amado Carrillo conquistaron su fama, fortuna y reputación de despiadados a finales de los ‘80 y principios de los ‘90.Pero, de alguna forma, la ciudad se ha convertido en el símbolo de la fallida guerra contra las drogas de México, y acontecimientos recientes han iluminado las contradicciones de un conflicto que se ha convertido en una lucha cuesta arriba.La primera contradicción es el nivel creciente de violencia en Juárez, incluso según los estándares de la propia ciudad: el año pasado, más de 2.600 personas fueron asesinadas en esta ciudad de 1,5 millón de habitantes, y la cuenta va en aumento. Pero, pese a que 6.000 soldados del ejército, además de policías federales, fueron enviados allí hace un año —un escaparate de la guerra de México contra el narcotráfico— para patrullar el área y combatir el narcotráfico, la situación no ha mejorado.En otras palabras, la contradicción yace en la cada vez mayor presencia de militares y policías que han elevado los niveles crecientes de violencia. Encuestas locales muestran que los habitantes de la ciudad no se sienten más seguros ni más protegidos desde que llegó el ejército, y algunos grupos empresariales incluso han pedido que las Naciones Unidas despachen sus Cascos Azules para devolver la paz a su comunidad.El presidente mexicano Felipe Calderón había ordenado que los militares se retiraran gradualmente del centro de la ciudad a las afueras en los primeros días de marzo, reemplazando a las tropas con reclutas de la nueva Policía Nacional, quienes, aunque no necesariamente con nivel operacional, al parecer están especializados en labores de inteligencia. Pero este plan quizá ya no sea viable.Así pues, no fue la violencia previa la que trajo las tropas a esta ciudad, sino las tropas las que generaron un aumento en la violencia, como ha ocurrido en forma similar en varias partes del país.La segunda contradicción: las autoridades mexicanas explican el salvajismo del narco —hubo más de 900 ejecuciones en escala nacional tan sólo en enero— como resultado de guerras internas de los narcos por territorio. Desde 2006, sin embargo, cuando Calderón declaró su guerra elegida contra las drogas, ha habido más de 17,000 asesinatos en todo México, de los cuales sólo unos cuantos miles de víctimas recibieron un informe forense, o generaron una investigación de la escena del crimen, o desembocaron en un juicio, ya no digamos cualquier cosa que produjera acusaciones legales o dictámenes de culpabilidad.De forma que éste no es un argumento creíble. Es equivalente a decir que si los muertos son miembros de un cartel, los que cometieron esos crímenes no necesitan ser identificados, enjuiciados y encarcelados.La matanza en Juárez de unas 15 personas —la mayoría adolescentes— que celebraban un cumpleaños en las primeras horas del 31 de enero fue atribuida inicialmente por Calderón a enfrentamientos de pandillas, pero posteriormente se retractó, ante las protestas de los familiares de las víctimas por sus declaraciones y sus afirmaciones de la inocencia de sus hijos muertos.Es posible que los jóvenes fueran, de hecho, espectadores inocentes o que fuera un caso de identidad equivocada, pero la idea de que la proliferación de ejecuciones es prueba del temor y debilidad de los carteles y del éxito del gobierno, es ridícula y cínica.En la misma vena, el gobierno argumenta que la creciente falta de ley en las ciudades en todo México —secuestros, extorsión, asaltos, robos de autos— es un efecto colateral de su éxito en presionar a los carteles.Uno no puede menos que preguntarse, si esto es cierto, que hubiera sido una idea mejor dejar que los carteles colombianos siguieran contrabandeando drogas directamente a Estados Unidos y dejaran en paz a México.Si el costo de la guerra para reducir la parte de la cocaína y las metanfetaminas que fluyen a través de México hacia los consumidores de Estados Unidos es un aumento increíble en la violencia y la criminalidad en México, entonces los méritos de la empresa en sí son muy dudosos. Mientras tanto, no hay una prueba real ya sea que el apetito de Estados Unidos por la droga se haya reducido, que otras rutas se estén haciendo más populares, o de que este supuesto éxito en la guerra contra las drogas sea un fenómeno duradero.Calderón ha prometido introducir una nueva “estrategia integral” para revertir el desplome de la ley y el orden en Ciudad Juárez. Con esto parece implicar programas sociales, estímulos económicos y participación ciudadana. Todos ellas metas dignas. Entonces, ¿por qué no se pensó antes en esto? ¿Y funcionará ahora?Algunos han sugerido que se declare el estado de sitio en la zona, y otros más señalan el ejemplo del presidente Alvaro Uribe en Colombia, donde al menos una vez al mes desplaza el asiento de su gobierno a una comunidad agobiada por las drogas o la violencia, y gobierna el país desde allí. Calderón ha visitado Ciudad Juárez sólo dos veces durante sus 38 meses en el cargo. Pero algunos de los residentes de la población dudan que una presencia presidencial más frecuente sea una buena idea, a estas alturas de la situación.Por ahora, la gente de Ciudad Juárez está pagando un precio realmente elevado por una guerra declarada por propósitos políticos, y que no ha producido beneficios tangibles para nadie.
México: las terribles consecuencias de la guerra fallida contra las drogas
