Dos hechos, aparentemente desvinculados, sirven para explicar el dilema que enfrentan en México la izquierda, el gobierno y las organizaciones de defensa de derechos humanos. Y demuestran también cómo la única solución al dilema reside en la postura que se adoptó hace algunos años. Se trata de un hecho en Cuba y otro en México.La muerte de Orlando Zapata, la huelga de hambre de Guillermo Fariñas con su posible desenlace trágico, el hostigamiento a las Damas de Blanco en La Habana y el surgimiento de nuevos disidentes en huelga de hambre, Franklin Pelegrino y Darsi Ferrer, han colocado a múltiples gobiernos, partidos, ONG y personalidades ante una situación compleja, sobre todo en México. Sigue entrañando un pequeño costo político en nuestro país criticar a la dictadura castrista, sigue siendo políticamente incorrecto escribir columnas o suscribir manifiestos al respecto. De ahí la vergonzosa prudencia de la Cancillería y el discreto silencio de buena parte de nuestros intelectuales (no llegan a 10 mexicanos quienes hemos firmado el texto originado en España hace ya casi un mes http://firmasjamaylibertad.com/ozt/). Sigue siendo una injerencia inadmisible en los asuntos cubanos exigir que los hermanos Castro admitan visitas de relatores de la ONU, de la CIDH, de HRW o de AI para verificar in situ no sólo el conjunto de denuncias, sino en particular las deplorables condiciones de detención de los presos políticos.Pero los mismos que se niegan a pedir visitas de relatores a Cuba, paradójicamente ven mermada su autoridad moral y su influencia para demandar lo mismo en México, lo cual lleva al segundo hecho. Desde enero de este año la revista Proceso, a través de una entrevista con el Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, denunció la repetida negativa del gobierno de Calderón para recibirlo. Al mismo tiempo crecen en México las denuncias y sospechas, casi siempre sin confirmación, de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del orden en la guerra fallida contra el narco.El gobierno y las Fuerzas Armadas niegan todo sin argumentos persuasivos, más bien alegando principios, doctrinas e invocando su palabra, mas no dando datos concretos que desmientan las versiones. Salvo Proceso y algunas organizaciones nadie ha denunciado que el gobierno de Calderón impida la visita de una de las pocas instancias que tendría credibilidad para avalar el dicho del gobierno, o bien ayudarle a detener los excesos que se habrían cometido: una relatoría especializada de la ONU en la persona de Phillip Alston.El problema para la izquierda y los grupos de derechos humanos en México es ¿cómo pedir la visita de relatores y observadores internacionales en México y no en Cuba? Y para el gobierno ¿cómo pedir la visita de relatores en Cuba sin darles la bienvenida en México? La respuesta práctica es sencilla. Es preciso convencerse que México necesita una, dos, tres, muchas visitas internacionales en materia de derechos humanos porque la sociedad civil y el gobierno mexicanos solos no podemos alcanzar las metas que anhelamos. Y segundo, es preciso entender que esas visitas no son una injerencia externa indeseable, ni en México ni en Cuba, sino un apoyo político positivo indispensable para la causa de los derechos humanos -como fue, durante años, la presencia de observadores internaciones en elecciones disputadas en muchos países.He aquí la única manera de cuadrar el círculo, pagando sin duda un costo que al final del día es insignificante: un par de arañazos para el secretario de Relaciones por parte de los cubanos y sus acólitos en México; un par de refunfuñadas del Ejército, la PGR y la SSP dirigidas a Relaciones y a Gobernación por invitar a masiosares ignorantes; y una que otra regañada, en algunos casos excesiva pero siempre útil, por parte de relatores, visitadores y observadores más o menos prepotentes. www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com