Jorge G. Castañeda
Sobran acontecimientos para comentar el día de hoy, y, por lo tanto, cualquier selección podrá ser tildada de arbitraria. Pero como el trabajo que aquí se desempeña consiste en escoger, tomar partido, opinar, a sabiendas que nunca es posible tener toda la razón, todo el tiempo, opto por el párrafo de la carta de renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda hasta ayer, a propósito del conflicto de interés dentro del gobierno de la 4T.
Urzúa expone dos grandes motivos de su partida: desacuerdos de política económica y de método para tomar decisiones en esa materia, de personajes sin conocimiento ni autoridad para tomar esas decisiones, por un lado. Y por el otro, subraya que han ingresado al área de la Hacienda Pública funcionarios impuestos por otros que se encuentran en una situación de conflicto de interés por las tareas que les han sido encomendadas: “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
Varias personas han comentado en los últimos días, a propósito de la persistente popularidad de López Obrador, contra viento y marea, que lo único que realmente lo podría dañar en el corto plazo en las encuestas y en la esperanza que genera entre amplios sectores de la sociedad mexicana, es un escándalo de corrupción en su propio gobierno: una casa blanca.
Que el secretario de Hacienda saliente, parte del círculo más íntimo de López Obrador desde hace casi 20 años, con un conocimiento preciso y detallado de lo que sucede en el gobierno, acuse a colegas suyos de incurrir en conflictos de interés, no es una casa blanca, pero sí es otro torpedo debajo de la línea de flotación, quizás con ojiva nuclear.
Conflicto de interés, en cualquier país del mundo, en cualquier gobierno del mundo, en México antes de la 4T, y ahora, equivale a corrupción. Corrupción pecuniaria, política, burocrática, administrativa y de cualquier otra índole que a alguien se le ocurra. Eso es lo que afirma Carlos Urzúa.
¿A qué se refiere? Las sospechas son múltiples, porque los diferendos o pleitos entre Urzúa y la Oficina de la Presidencia eran bien conocidos. Los motivos burocráticos de las divergencias también lo eran. A diferencia de muchos de sus predecesores, Urzúa no pudo meter las manos en la designación de funcionarios que normalmente dependen del secretario de Hacienda: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banobras, Bancomext y Nacional Financiera. Quien haya tenido razón en ese conflicto es, por lo menos hasta ahora, indiferente. Las acusaciones de Urzúa pueden ser resultado de las pasiones que genera cualquier pleito burocrático. Pero la magnitud de la acusación es mayúscula, y la evidencia de los destinatarios es transparente.
Arturo Herrera deberá ser ratificado por el Congreso. Los diputados de Morena obviamente no van a preguntarle nada complicado, pero los de la oposición la tienen fácil. Basta con que lean la carta de Urzúa, una y otra y otra vez, para interrogar al nuevo candidato a secretario: ¿A qué se refería cuando hablaba de conflicto de interés? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si Herrera dice que no sabe y que le pregunten a Urzúa, le podrían responder que él trabajó con Urzúa hace 19 años. Si no sabe eso, ¿cómo sabrá manejar las finanzas del país?