Audiencia pública Jorge G. Castañeda6 Feb. 08 La semana pasada informamos de la inminente audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre las demandas interpuestas por el que escribe y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por violar los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recapitulamos los pasos que se habían seguido para llegar a este desenlace, y prometimos informar en esta nueva entrega semanal de lo que posiblemente ocurra pasado mañana en San José. La audiencia es pública: comparecerá la parte demandada, a saber, el Estado mexicano, representado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y las partes demandantes -la Comisión Interamericana y un servidor. Ambas partes expondrán sus argumentos ante la Corte y ésta los tomará en cuenta para rendir su fallo en un plazo aún por determinar. Insistíamos ya hace ocho días que ésta es apenas la segunda vez en la historia en que el Estado mexicano es colocado en el banquillo de acusados, y si la Corte no se declara incompetente -objetivo que busca el Estado mexicano- será la primera vez que el Estado mexicano y su Presidente sean juzgados por un tribunal internacional por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano.He aquí la primera paradoja de la audiencia. Resulta difícil de entender por qué los burócratas de Gobernación y Relaciones Exteriores no supieron evitar que el presidente Felipe Calderón corriera el riesgo de ser el primer jefe del Estado mexicano en ser condenado por violar los derechos humanos de uno de sus connacionales. Peor aún: por un asunto relativamente fácil de subsanar -acceso a justicia y candidaturas independientes- y que en el fondo no le costaba nada. Supongo que Calderón tenía plena conciencia, al decidir en contra de un simple allanamiento unilateral ante ambas demandas, que corría este riesgo; y supongo también que la SRE y Gobernación le aseguraron que el asunto era pan comido. Mis abogados me aseguran que en un verdadero litigio, como será el juicio en la Corte Interamericana, nunca hay pan comido: se puede ganar o se puede perder.El Estado mexicano seguramente argumentará que no agotamos las instancias nacionales al no acudir al TEPJF; que no presentamos la solicitud de registro de una candidatura independiente a la Presidencia en los tiempos previstos por el Cofipe; y que la prohibición en el Cofipe -obviamente no en la Constitución- de las candidaturas independientes, no contradice el llamado Pacto de San José, firmado y ratificado por México a principios de los años ochenta.Las partes demandantes argumentaremos, como ya lo hemos hecho ante las instancias nacionales, que no teníamos, ni tenemos, aun con las nuevas reformas a la Constitución, locus standi ante el llamado Trife; que la propia Suprema Corte habría resuelto que el Trife no puede conocer de asuntos relacionados con la constitucionalidad de una norma; y que los plazos previstos por el Cofipe lo son para los sujetos de derecho del Cofipe, a saber, los partidos políticos. Y sostendremos también que la Convención Americana es muy clara, así como lo es la jurisprudencia de la propia Corte, en señalar que los únicos requisitos aceptables para reglamentar el derecho a ser votado son aquellos que se consideran intrínsecos a la persona, a saber, nacionalidad, edad, inexistencia de antecedentes penales y quizás algunos otros por el estilo, pero de ninguna manera la pertenencia a, la asociación con, o la postulación por, un partido político. Éste es el escenario jurídico que se va a empezar a dilucidar el próximo viernes en Costa Rica.El escenario político es más complejo. La única explicación que encuentro para entender la rabiosa oposición del gobierno de Fox y del de Calderón a las candidaturas independientes radica en la rabiosísima oposición del PRI y del PAN a ésas mismas. El PRD -une fois n´est pas coutume- se contradice a sí mismo: en principio está a favor de las candidaturas ciudadanas y en los hechos se hace tonto. Pero el PRI y el PAN las rechazan con verdadera ferocidad, probablemente por la misma razón, aunque con matices. El PRI sabe que, a nivel local y estatal, la posibilidad de candidaturas independientes abriría la puerta a que cada perdedor de una interna se fuera por la libre y, en muchos casos, ganara: Cuauhtémoc Cárdenas, versión 1988, bis. Le tiene pavor al vacío, a la división y a la independencia. Por su parte, el PAN, como Fox lo confesó varias veces en privado, teme que cualquier candidatura independiente, razonable y presentable, a cualquier nivel, le reste votos en el seno del sector de la sociedad que más le importa y con toda razón, la clase media. Así, por razones de estricto interés partidista, corporativista, partidocrático, el PRI y el PAN prefieren evitar el surgimiento de candidaturas ciudadanas para puestos de regidores, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales y senadores. Ya ni hablemos, como decía el albañil, de la Presidencia de la República. Fox, en esta materia como en tantas otras, hizo todo lo que estuvo a su alcance para nunca correr el riesgo de restarle votos a Creel o a Calderón; Calderón, por su parte, no quiere hacer nada que moleste al PRI. El resultado: la consolidación del monopolio electoral de la partidocracia.La lucha antimonopólica en México reviste varias facetas. Los ciudadanos de a pie no podemos conducirlas todas; pero sí estamos en condiciones de pelear en ciertos frentes. Éste es uno de ellos. El costo no es menor, como se deriva de los golpes bajos de los últimos días. Pero la satisfacción de una lucha bien dada siempre supera los rasponcitos en el camino.