Subir la puja Jorge G. Castañeda4 Jun. 09Se antoja inverosímil que el operativo del gobierno de Michoacán sea una mera astucia electoral y electorera. No se justifica un supuesto de este tipo ni por los hechos, ni por la trayectoria del gobierno, ni por las consecuencias posibles. Al contrario: existen todas las razones del mundo para suponer que en un estado como ése y como muchos más, las autoridades municipales -policiacas, administrativas, y políticas- viven en contacto constante y directo con el narco, y por lo tanto, de manera inevitable, se ven carcomidas, cercadas y al final de cuentas cooptadas por cualquiera de las múltiples bandas u organizaciones criminales. Lo sorprendente no es que haya presidentes municipales, directores de la policía, e incluso funcionarios medios o superiores estatales coludidos con el narcotráfico; lo extraño es que hasta ahora, por lo menos en este sexenio, no se les había perseguido.Pero seguimos en el país del sospechosismo. Y la mula no nació arisca, la hicieron. A fuerza de tanto engaño en el pasado, la sociedad es incrédula y aprovecha cada oportunidad que se le da para dudar de la veracidad o sinceridad de los dichos y acciones de gobierno: de cualquier gobierno. Por ello, no hay que atizar la hoguera y agregarle argumentos al escepticismo ciudadano. Lo que es más, probablemente sea preciso ir elevando la puja para demostrar, por encima de lo necesario, que las acciones como en Michoacán descansan sobre bases sólidas.El hecho de que a más de una semana del operativo no se haya consignado a un solo detenido. El hecho de que hayan entrado las fuerzas federales al recinto del Poder Ejecutivo estatal (el federalismo mexicano no es otra cosa que una simulación mexicana más, pero es una simulación legal). El hecho de que haya sido detenido y esposado el procurador del estado cuando se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y el presidente Calderón no haya encontrado mejor explicación de que así lo protegía para que no pensara ningún cártel de que trabajaba para el otro. Por último, el hecho de que haya sido también arraigada una colaboradora histórica y cercana -y no sólo administrativa- del gobernador son hechos que explican, aunque no justifiquen, las suspicacias de la comentocracia, de la clase política, e incluso de los aliados del régimen. Si el desenlace de la obra de teatro es un "dice mi mamá que siempre no" el 6 de julio o cuando venza el arraigo días después de las elecciones el escepticismo se acrecentará.Por ello parece que el gobierno, a pesar suyo, o por los mejores motivos, se haya arrinconado a sí mismo, por lo que corre el riesgo de subir la puja de varias maneras importantes. Por un lado va a tener que realizar otros operativos más, de igual o mayor espectacularidad. En segundo lugar, va a sentirse obligado a llevarlos a cabo en estados identificados con los otros dos partidos políticos -el hecho de que haya dos panistas en el operativo de Michoacán no altera el valor simbólico perredista del estado del general Cárdenas, del ingeniero Cárdenas y del ex gobernador Cárdenas.Y en tercer lugar, el gobierno sentirá la necesidad de elevar el nivel de los golpes y no limitarse a presidentes municipales, o incluso al entorno cuasifamiliar de un gobernador: para convencer tendría que asestarle un golpe directamente a un gobernador o ex gobernador.De nuevo no faltarán razones para proceder con estos tres aumentos de intensidad: hay estados priistas y panistas donde rige el narco; y seguramente hay gobernadores priistas y panistas cercanos al narco. Pero el problema con escaladas de este tipo es que uno siempre sabe dónde empieza pero nunca sabe dónde termina.