La salida de Gómez Mont es una buena oportunidad para reflexionar sobre un aspecto de la reforma a la estructura orgánica del gobierno en México que, por desgracia, no ha recibido la atención que merece. El gobierno pierde con esta salida en más de un sentido.Mucho se ha dicho sobre la idea de una policía nacional única. Algunos, como yo, siempre hemos pensado que debe ser sustitutiva de las estatales y municipales; otros, que debe ser complementaria de las estatales, y que éstas deben absorber a las municipales. También impera gran divergencia de cifras sobre las dimensiones reales de la actual Policía Federal. Algunos dan el dato de 41 mil efectivos; otros, como The Economist esta semana, advierten que en el sexenio de Calderón sólo se han incrementado en 12 mil los efectivos de la PF; como sabemos que al terminar el sexenio Fox había apenas unos 12 mil, esto daría hoy menos de 25 mil. Pero lo que se omite con frecuencia en esta discusión es: quién debe comandar el aparato de seguridad y policiaco del Estado, y dónde debe quedar dicha comandancia.Tanto Aguilar Camín y el que escribe por un lado, como Santiago Creel por otro, hemos planteado la necesidad no sólo de una policía nacional única, sino también de la creación de un Ministerio del Interior, responsable del conjunto de actividades de seguridad del país. Además, es un secreto a voces el reclamo a Calderón de gobernadores, gobiernos extranjeros, e incluso de los propios integrantes del aparato de seguridad: nadie manda salvo él. Pero como él no puede ser el zar antidrogas y a la vez el comandante en jefe de la estrategia electoral, entonces nadie ocupa realmente la función de cabeza del aparato de seguridad.Con Gómez Mont se trató de alguna manera de que el secretario de Gobernación realizara las dos tareas que antes desempeñaba la vieja Secretaría de Gobernación del PRI: ser a la vez el responsable político del gobierno (relaciones con los partidos, Congreso, gobernadores y en parte con los medios); y el responsable de la seguridad del país (coordinando a la policía federal, Cisen antes el DFS, el gabinete de seguridad con Sedena y Marina, la Secretaría de Seguridad y la PGR).La idea del Ministerio del Interior corresponde a una situación de hecho que existió durante el sexenio de Salinas y en la primera parte del de Calderón. Implica que la función política de Gobernación se traslade a Los Pinos o a otra parte (como bajo Salinas con José Córdoba y Manuel Camacho, y con Mouriño antes de su paso a Gobernación) y que la Secretaría de Gobernación se convierta en un Ministerio del Interior a cargo de toda la seguridad del país. El secretario se volvería el jefe del Cisen, la PF, ahora de la policía ministerial que se quiere crear, y coordinador de todas las instituciones de seguridad, es decir Sedena, Marina, SSP, y PGR.Nadie pretende que esta opción no encierre dificultades ni obstáculos. No es tan sencillo separar estas funciones: por ejemplo, la relación de seguridad con los gobernadores a quién le tocaría ¿al del Interior o al de Los Pinos? Pero incluso este dilema es preferible al que va a enfrentar Calderón con la salida de Gómez Mont y la llegada de Blake y Ruiz Mateos porque, o bien separa las dos cachuchas, la política y la de seguridad (aunque ninguno de los nombramientos parecen dar garantías al respecto); o bien las deja juntas, en los hechos, en Gobernación. Pero en ese caso Blake no sólo no debe ser visto como precandidato a la Presidencia -creo que nadie se lo imaginaría- pero tampoco puede convertirse ipso facto en un lame duck: alguien que justamente por no estar en la contienda por el poder, carece de él.Ésta podría ser una buena oportunidad para que Calderón contemple el esquema de separar ambas funciones y cambiar la naturaleza la Secretaría de Gobernación, dejando en la nostalgia a la vieja casona de Bucareli con sus ritos, pretensiones, realidades e ilusiones. www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com
Cambios: nueva oportunidad
