En declaraciones atribuidas por Reforma al general Galván, secretario de la Defensa, éste se quejó, en apariencia ante senadores que lo fueron a visitar, de las insuficiencias de la Iniciativa Mérida, de las demoras en la entrega del apoyo de Estados Unidos, y sobre todo de la condicionalidad en materia de derechos humanos de dicha asistencia. El general Galván, sin duda, tenía buenos motivos para compartir su malestar con los senadores, pero esto es algo que se sabía desde hace tiempo, y que va a agudizarse. En realidad se debió haber quejado sobre quien pactó las condiciones en materia de derechos humanos de entrega de la ayuda con EU, con su Senado y con varias organizaciones de derechos humanos en Washington: el gobierno de Calderón.En parte debido a esas condiciones, y en parte al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado caso Radilla sobre el fuero militar en México, en parte a raíz de las presiones de la sociedad civil mexicana, el titular del Ejecutivo envió hace un par de días al Congreso una iniciativa para modificar el art. 57 del código de justicia militar, en teoría cumpliendo con el fallo de la CIDH, pero también con la principal exigencia del gobierno y Congreso norteamericanos en materia de derechos humanos: suprimir el fuero militar para violaciones a los derechos humanos. Ya desde hace muchos meses el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, había anunciado que en septiembre se enviaría una iniciativa de esa naturaleza; vino mes y medio después, pero mejor tarde que nunca. Por desgracia la iniciativa tiene varios defectos importantes, algunos de ellos voy a reseñar ahora, bajo el entendido que retomo muchos de los argumentos de Human Rights Watch, de cuya junta directiva soy miembro desde hace 7 años.En la supresión del fuero militar a delitos de violación, desaparición forzosa y tortura, la iniciativa deja fuera asuntos tan importantes como ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, entradas a domicilios y otros lugares sin permiso de un juez, y muchas otras violaciones a derechos humanos igual o más graves que las que sí se incluyen. Por ejemplo, los casos de los estudiantes del Tec, del padre e hijo en el retén en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, y de la familia ejecutada en Tamaulipas seguirían bajo el fuero militar, ya que no constituyen casos ni de violación, ni de desaparición forzada, ni de tortura, sino simplemente de ejecuciones. Peor aún, la iniciativa no cumple con la sentencia de la CIDH que dice: "si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar". Pide suprimir el fuero militar para toda violación a los derechos humanos, salvo aquellos sobre bienes o disciplina militar.Además, se permite la discrecionalidad de la justicia militar sobre los casos que envía a la justicia ordinaria y sobre las pruebas para ello, es decir que se faculta a la justicia militar para decidir quiénes serán juzgados por tribunales civiles y con qué pruebas.De acuerdo con las primeras reacciones del representante de la ONU en México, de Human Rights Watch, y de la oficina del senador Leahy, la iniciativa no ha sido bien reciba afuera. Según los senadores del PAN y del PRD que se reunieron con el general Galván, les habría dicho que "el único Senado al que está dispuesto a rendir cuentas es al mexicano". Tal vez, pero el Estado mexicano sí tiene que dar cuenta ante la CIDH y si México quiere recibir apoyo de EU tendrá que rendir cuentas en Washington. No está claro que con la iniciativa de Calderón sobre fuero militar se salden esas cuentas. Mucho menos la rendición de cuentas con la sociedad mexicana. www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com
Iniciativa insuficiente
