Calderón hizo bien en emplazar al Congreso, es decir, a la Cámara de Diputados y a la bancada priista para un periodo extraordinario sobre las reformas pendientes. Hubiera sido deseable que estableciera una diferencia entre lo urgente -la política- y lo importante pero sin plazo perentorio: seguridad nacional, reforma laboral, etcétera. Discutamos el carácter urgente de la política, y en particular de sus temas más importantes: reelección de diputados y senadores, consulta ciudadana y candidaturas independientes.El artículo 105 de la Constitución dice: "las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales". En realidad no hay claridad: existe una primera ambigüedad entre aprobar cambios y publicarlos, y una segunda entre "leyes federales" que se supone no incluyen a la Constitución, y "modificaciones legales" fundamentales que se supone sí. Para fines prácticos, esto significa que si no se aprueba la reforma política antes del 30 de junio, las reformas no regirán en 2012.Ahora bien, mucha gente de buena fe se equivoca; dicen: ni modo, no habrá candidaturas independientes pero reelección y referéndum sí. La no reelección de diputados y senadores, así como las modalidades de la consulta ciudadana deben incluirse en el Cofipe, que es una ley electoral. Si no se modifica antes del 30 de junio, ya no podrán ser reelectos los diputados y senadores electos en el 2012. A menos de que ellos mismos, ya habiendo tomando posesión, decidieran legislar su propia reelección, en el 2015 para diputados, y en el 2018 para senadores. Pero hay una regla no escrita en todas las democracias y que se ha aceptado en México: no se puede legislar para sí mismo, es decir, no pueden determinar su reelección si fueron electos por un solo periodo. Por tanto, en los hechos, si no se hace ahora, el primer senador reelecto en México será en 2024: habrá sido electo en 2018 y podrá presentarse nuevamente en 2024. Podremos juzgar su desempeño en 2030. Lo mismo sucede con la iniciativa ciudadana tal y como está en la reforma aprobada por el Senado: sólo puede darse en coincidencia con los periodos electorales federales, es decir, en 2015.Por ello se insiste en la urgencia del periodo extraordinario. Pero hay una solución insinuada por Creel. Se trataría de incluir y aprobar un transitorio en la Constitución que estipulara que por única vez, las disposiciones del artículo 105 constitucional se reduzcan a la mitad del plazo previsto, es decir, en lugar de 90 días antes del proceso electoral, 45; y que el proceso electoral arrancara tres meses después, en lugar del 1o. de octubre. O bien, que se puedan dar cambios en la legislación por mayoría calificada hasta seis meses antes de las elecciones. Con cualquiera de estas modificaciones, el Congreso dispondría de tres meses más, es decir, hasta el 1o. de octubre, para aprobar la reforma. También le permitiría a Peña Nieto y a los diputados del PRI incluir en la reforma el tema que siempre les ha interesado y con el cual muchos estamos de acuerdo: algún tipo de mecanismo que permita conformar mayorías más fácilmente.Este transitorio, que no tendría por qué ser objetado por ninguno de los partidos, es más fácil y rápido de aprobar en los 15 días que quedan, que una reforma tan compleja. Se podría desahogar en ambas Cámaras en un día, y en los estados en una semana. A todo el mundo conviene: si no hay reforma política, los conservadores enemigos de la candidaturas independientes, la reelección y del referéndum van a quedar contentos. Pero los jóvenes, los que quieren cambios profundos en el país, los que quieren salir del estancamiento que impera desde 1997 en materia de reformas, no sólo se van a frustrar. Se pueden desesperar y refugiarse en el voto nulo, la abstención o la apatía. Y eso a nadie conviene.
El recurso del transitorio
