El pasado lunes hubo una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de Sentencia del caso Castañeda. Como se sabe, en 2008 la CIDH falló que me fue negado el derecho a la protección judicial, pero que el derecho a ser elegido lo debían determinar tribunales mexicanos. Desde entonces hay avances.El artículo 99 de la Constitución se reformó para permitir al Tribunal Electoral a desaplicar, en casos concretos, normas que se consideraran contrarias a la Constitución. Quedan aún obstáculos que impiden a ciudadanos impugnar actos que les niegan el registro a cargos de elección popular: si antes del 15 de marzo de este año se presentara un candidato independiente ante el IFE, sería rechazado; si buscara protección judicial para determinar si el rechazo viola sus garantías, no tendría a donde ir.Así, insistimos ante la CIDH que deben eliminarse los obstáculos para dar efectivas garantías de no repetición de violaciones a la protección judicial: en un país con crecientes violaciones a los derechos humanos, nada es más importante que garantizar el acceso a la justicia para todos, en todos los casos.El 9 de enero presenté un amparo en contra del titular del Poder Ejecutivo, por su responsabilidad en la omisión para cumplir la sentencia de la CIDH. Buscamos en Costa Rica un compromiso de las autoridades para que reformen la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se deroguen así las disposiciones que la CIDH identificó como restrictivas a la protección judicial.Hasta el momento, el Estado no ha cumplido plenamente con las sentencias de la CIDH, ni mucho menos (cito la convocatoria de la Corte) "acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe". La falta de buena fe se comprueba con su esquizofrenia: en febrero de 2008, ante la CIDH, el Ejecutivo alegó que las candidaturas independientes eran lesivas para el sistema de partidos, y que la prohibición estaba en armonía con la madurez política del país. Pero en diciembre del 2009, envió al Congreso una reforma proponiendo candidaturas independientes (rápido maduró el país!): la aprobó el Senado, pero no los Diputados.Son múltiples los reproches de las víctimas por la falta de voluntad del Estado mexicano de cumplir cabalmente con la CIDH. El gobierno padece una enfermedad: litigomanía esquizofrénica, que lo lleva a litigar todo, todo el tiempo, en todas partes, incluso contra sus propias posturas. Tres ejemplos.La delegación el Estado se integró con tres funcionarios del Tribunal Electoral: José Luis Ceballos, Sergio Guerrero y Rafael Elizondo. Su acreditación ante la CIDH, su participación en la estrategia y defensa de los intereses de quien los designó y llevó es contraria a lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que impide a sus funcionarios atentar contra la independencia de la función judicial: "…no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia". Podrían perder su puesto.En Reforma, el 30 de enero, se da cuenta de que el Ejército impugnó la resolución de un juez que determinó que el homicidio de un indígena a manos de un soldado sea investigado en el fuero civil y no en el militar. Sin embargo, la Procuraduría Militar se inconformó diciendo que la decisión del juez no es válida, pues ni la sentencia de la CIDH ni la revisión que hizo la Suprema Corte sobre el caso Radilla, sentaron jurisprudencia ni obligacionesal Estado.Y la peor: en el caso Radilla, el gobierno dio un cheque de reparaciones por 80 mil USD a nombre…de Rosendo Radilla! el desaparecido, todo para forzar a la familia a reconocer su muerte.La litigomanía tiene cura y costos. La cura es la sensatez; el costo es que quienes la padecen se pasen la vida litigando, no sólo casos ajenos, sino propios.
Litigomanía esquizofrénica
