Las relaciones de México y Francia están dañadas. No es lo más importante. Una mujer podría estar injustamente encarcelada. Eso es muy grave y, por desgracia, muy común en nuestro país. Pero lo más relevante es que el caso Cassez exhibe la brutal concepción de justicia que priva en México. El caso es un parteaguas en la pedagogía jurídica de nuestro Estado de derecho. The Rule of Law, de Tom Bingham, es un clásico al respecto. El debido proceso es la única puerta de entrada a la verdadera justicia. Si este no se cumple, el pretendido ofensor podría no serlo. Será otro inocente injustamente tratado. Gravísimo. Pero está el otro lado, el ofendido podría estar siendo engañado. El verdadero responsable seguirá libre. Enfrentar el derecho de las víctimas al de los inculpados es una falacia.En la base de un Estado de derecho está el debido proceso, es el único gozne que puede unir al ofendido con el ofensor. Si el debido proceso se falsea, se pervierte, el Estado se convierte en el ofensor más peligroso de la sociedad. El debido proceso es un dique en contra de un Estado autoritario, de Stalin a Mao, de Mussolini a Pinochet, la ideología es lo de menos. En México los reclamos de justicia por cualquier vía son muy populares, no así el debido proceso. El porcentaje de población que coquetea con la justicia por propia mano podría rondar el 40%. El principio subyacente es de terror: contra los "malos" -definidos arbitrariamente- todo se vale. Ahí se acaba el proceso civilizatorio.Se puede sospechar una culpabilidad, pero si no se prueba conforme a derecho, la acción persecutoria es ilegítima en su origen. Un Estado que no respeta el debido proceso es una amenaza para todos. En México la idea de quebrantar la ley para obtener fines superiores nos viene de lejos. Es una tradición de barbarie que hemos heredado. Ni Juárez, ni Lerdo, ni Díaz gobernaron dentro del marco legal. Allí está Juárez el mito de la legalidad de Carmen Sáez Pueyo, UNAM. El maderismo fue legalista pero los levantamientos posteriores subvirtieron las normas para buscar la anhelada justicia. De nuevo, en México la idea de subversión revolucionaria y justiciera es muy popular, no así el debido proceso. Allí está el EZLN. Imponer la pretendida justicia así sea violentando la ley remite a Calles, a Díaz Ordaz, a Echeverría o a López Portillo con la nacionalización bancaria. Todo esto está detrás del caso Cassez.La concentración de poder en el Ejecutivo, la dependencia de los fiscales (Ministerios Públicos) de los ejecutivos locales, ha extendido tapete rojo a la arbitrariedad. Violentar el debido proceso para imponer una falsa justicia es todavía festejado. Resultado: el debido proceso no termina por asentarse como obligación de la autoridad. La alternancia no mejoró las cosas. Las contradicciones en el desafuero contra AMLO enturbiaron el ambiente. Con Calderón el asunto se agrava. Calderón invita a García Luna al gabinete a sabiendas del polémico caso de Cassez. La cabeza de la AFI tuvo que haber estado enterado del montaje, de las violaciones al debido proceso. Hoy todos las conocemos, allanarnos es volvernos cómplices.Nos encaminamos a los 50 mil muertos en enfrentamientos entre bandas de narcos y narcos y diferentes cuerpos policiacos y las Fuerzas Armadas. Para las autoridades la gran mayoría de los muertos estaba ligada al crimen organizado. Pero hay un problema, Human Rights Watch ha puesto el dedo en la llaga. Sólo un mínimo porcentaje de las víctimas cuenta con una investigación detrás. ¿Cómo saber que estaban vinculados? El índice de letalidad (Nexos, 407) muestra que con frecuencia no se investiga, ni se detiene, se ejecuta. La CNDH ha hecho saber del brutal ascenso de las denuncias por tortura y desaparición forzosa. Pareciera que el régimen está dispuesto a violentar las normas que sean necesarias con tal de eliminar a los narcos, si es que eso es posible. Ese es el estilo de la casa.En una situación anómala hoy conocemos la postura del ministro Zaldívar con relación al caso Cassez. Su posición garantista lo define a favor del respeto al debido proceso que se violó siendo García Luna titular de la AFI. Es imposible mediar entre las dos rutas de razonamiento: o se defiende la invención de la justicia o se defiende el impopular debido proceso. El primer camino lleva a la degradación del Estado en que todos somos potenciales víctimas. El segundo es la construcción de un cimiento de un verdadero Estado de derecho. México, con Bernardo Sepúlveda a la cabeza, defendió y ganó en la Corte Internacional de Justicia el caso de los connacionales a los cuales se les violaron sus derechos al alterar el debido proceso. Debemos ser congruentes. La Primera Sala y el ministro Cossío en particular, quizá el Pleno, tienen una enorme responsabilidad frente a la historia. El debido proceso es la base de la libertad de 115 millones de mexicanos. El dilema es claro: justicia o autoritarismo.
Justicia o autoritarismo
