Roberto Iván Hernández y Yudith Yesenia Rueda, novios, de 17 años ambos, fueron sacados por la fuerza de la casa de la abuela de Yudith a las nueve de la noche el 11 de marzo del 2011 en la ciudad de Monterrey. Ocho hombres armados, que usaban uniformes de la Policía Federal, fueron quienes, de acuerdo con la abuela de Yudith, irrumpieron por la fuerza en su casa con un detenido esposado. Uno de los uniformados le preguntó al detenido: "¿Es él?", señalando a Roberto. El detenido dijo que no era. De cualquier modo, los policías federales decidieron que "convendría" interrogar a Roberto. Para ello, lo golpearon y se lo llevaron por la fuerza junto con su novia. Los subieron a una pick up de la Policía Federal que no tenía placas. Cuando los familiares fueron a las instalaciones de la Policía Federal a averiguar dónde estaban sus hijos, las autoridades les dijeron que nunca los habían detenido. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Roberto y Yudith forman parte de la larga lista de personas desaparecidas en México durante el sexenio de Calderón. Su caso fue documentado en el último informe de Human Rights Watch (HRW) que se presentó esta semana a la opinión pública.En este informe, HRW documenta 249 casos de personas desaparecidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, la organización internacional recabó evidencia suficiente que apunta a que la desaparición involucra a las fuerzas del orden (Marina, Ejército, policías federales, estatales y municipales), bien sea actuando en solitario o en complicidad con algún grupo criminal. El patrón más frecuentemente utilizado es muy similar al del caso de Roberto y Yudith: las autoridades irrumpen en las casas, sin orden de arresto o de cateo, la detención sucede frente a toda la familia y cuando la familia intenta averiguar dónde se encuentra el detenido, las autoridades niegan la detención.En todos los casos investigados por HRW las procuradurías estatales y federal no hicieron nada por llevar a cabo los pasos mínimos de una investigación de persona desaparecida, pero sí en cambio culparon a las familias de la desaparición y les sugirieron que fuesen ellos quienes investigaran el paradero de su familiar. Muchas de las familias, señala el reporte de HRW, han dejado su vida cotidiana y laboral a un lado y están dedicados de tiempo completo a buscar a sus seres queridos.Los casos estudiados por la organización internacional no pretenden dar cuenta del universo de personas desaparecidas en el sexenio pasado. La lista, hasta ahora, según la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, asciende a 27 mil personas. Dicha lista tendrá que ser ordenada, sistematizada y depurada para poder tener un número más certero. Por lo pronto, HRW afirma que el caso de México representa "la más severa crisis de desapariciones forzadas de la última década en América Latina".Dado este calificativo, llama atención que, cuando se le pregunta a José Miguel Vivanco, director para América Latina de HRW, ¿qué pretende la organización con el reporte?, afirme que su primer objetivo es que el tema de desapariciones forzadas se implante en la agenda pública de México. Me parece increíble que una tragedia que está impactando a tantas familias y que va al corazón de la autoridad y legitimidad del Estado no figure como un tema central del debate público. Ello quizá se deba a que, durante el sexenio de Calderón, se argumentó, desde la propia silla presidencial, que todos "esos" desaparecidos estaban vinculados con las organizaciones criminales y que, en algún sentido, su desaparición era consecuencia de sus acciones. Las autoridades no tenían ni siquiera la obligación de buscarlos. Esperemos que el informe de HRW ayude a entender y dimensionar correctamente el fenómeno de las desapariciones forzadas en México y su impacto tremendo en el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia.Para Vivanco está claro que la administración de Peña Nieto tiene la firme intención de reducir y sancionar el abuso y la arbitrariedad de las policías y Fuerzas Armadas a futuro. También pretende generar los protocolos de atención y búsqueda de personas desaparecidas de hoy en adelante. Lo que no le queda nada claro al director de HRW es que la presente administración pretenda hacer justicia en los casos del pasado. Es decir, para Vivanco no está claro que nuestras actuales autoridades de la PGR tengan la intención de investigar y acusar a quienes desde el Estado estuvieron involucrados en la desaparición de personas durante el sexenio de Calderón. Según el director de HRW, la falta de procesos judiciales y de consecuencias jurídicas a los atropellos que llevaron a cabo las policías y las Fuerzas Armadas aumenta la probabilidad de que éstos se repitan en el futuro. A ello yo añadiría que hacer justicia en algunas de las tragedias que se vivieron durante el sexenio de la guerra puede ayudarnos procesar y curar las heridas colectivas. La PGR tiene una responsabilidad histórica. Ojalá Murillo Karam lo vea así y actué en consecuencia.
La tragedia de la guerra
