El informe Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada de Human Rights Watch no debe ser leído desde la descalificación derivada de la necesidad de protagonismo periodístico sino a partir de un principio elemental: México no podrá ser una democracia moderna, civilizada e institucional si el Estado no es capaz de garantizar pleno respeto a los derechos humanos y a la ley, y de impedir que algunos de sus representantes los violen activa e impunemente. Ese, y no otro, es el fondo del asunto.Desde hace años se ha documentado que policías federales y estatales así como miembros de las fuerzas armadas han incurrido en delitos graves en el contexto de su participación en acciones gubernamentales, lo mismo para perseguir delincuentes que para amedrentar a ciudadanos de a pie y a población civil. Sin embargo, la retórica gubernamental y un extrañísimo concepto de razón de Estado han facilitado su encubrimiento, y no importa si tales violaciones han sido en uno, diez o cien casos porque, tanto por razones legales como morales, no hay relativismo que valga.Lo que parece haber ocurrido en años recientes, según los hallazgos de Human Rights Watch, no solo ha sido una tragedia sino un hecho absolutamente incompatible con un país que algunos medios internacionales pintan como una estrella emergente.Más aún: por lo que se ve en el informe, las modalidades delictivas de agentes gubernamentales han alcanzado ya grados aberrantes de refinamiento. Dice por ejemplo: las “detenciones ilegales (cometidas por policías y militares) casi nunca se registraron de manera oficial, ni tampoco los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público como lo exige la ley…. En otros casos, hay pruebas de que policías o militares entregaron personas a organizaciones delictivas luego de detenerlas ilegalmente, o bien efectuaron las detenciones con la colaboración de hombres armados, y posteriormente negaron haber tenido participación en el delito. A veces la colaboración entre las autoridades se produjo después de las detenciones arbitrarias, cuando agentes del Estado ayudaron a que organizaciones delictivas extorsionaran a familiares de las víctimas”.Los casos documentados en este y otros informes creíbles son numerosos y, ante el imperativo de enjuiciar a sus responsables, el Estado ha sido omiso tanto en procesarlos como, peor todavía, en adecuar el marco legal como es el caso, por ejemplo, del Código de Justicia Militar y del sistema cerrado en que se aplica. Hasta el momento, la reforma de ese instrumento para limitar el fuero militar, transferir en ciertos casos la impartición de justicia penal militar al ámbito civil y apegarse al derecho internacional sigue congelada en el legislativo.El gobierno federal y los gobiernos estatales deben poner con urgencia límites a abusos y vejaciones que, por donde quiera que se vean, son sencillamente intolerables. Hay familias rotas, vidas perdidas y dramas humanos que merecen una reparación legal y moral, y la autoridad tiene la obligación de ofrecerla.
Impunidad mexicana
