Extraditar o no a El Chapo Guzmán a Estados Unidos es un dilema complejo que no admite respuestas fáciles. Más que dar una opinión contundente al respecto, quisiera compartir con los lectores sus pros y contras.En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país, equivale a renunciar a esa prerrogativa.Sin embargo, muchos Estados desde hace tiempo aceptan la extradición de sus nacionales por razones que resultan válidas. Además de los casos conocidos de Colombia, Bolivia y otras naciones latinoamericanas, existen ejemplos dentro de la Unión Europea. Las razones de violar este principio general son muy conocidas. En primer lugar la dificultad y el costo de un juicio en el país de origen: para ciertos sistemas judiciales puede resultar difícil u oneroso juzgar a un nacional bajo ciertas condiciones. Es el caso, por ejemplo, del debido proceso, los recursos ilimitados del acusado y no del Estado, abogados más truchos que en el Ministerio Público local, y una situación social difícil de administrar. Otro motivo es el riesgo de que el acusado pueda fugarse: sucedió con el propio Chapo, pero también con Caro Quintero y otros. Lo mismo ocurrió con Pablo Escobar en Colombia a principios de los años noventa. Una razón adicional es la imposibilidad de cercenar todos los lazos que puedan existir entre una persona encarcelada con el mundo exterior. Pero también puede tratarse de los nexos con los medios de comunicación, familiares, mafias de otro tipo, etcétera. De tal suerte que Estados democráticos, transparentes, con instituciones sólidas, en distintos momentos han preferido extraditar a un nacional aun cuando tenga cuentas con la justicia de su propio país.Frente a este argumento, que no es despreciable, personas afines al actual gobierno de México y el propio presidente Santos de Colombia han sugerido que la extradición es un mal negocio para el país que lo efectúa. Se cortan líneas de comunicación que pueden ser de interés para el gobierno, por ejemplo como las que tiene un capo de medio pelo con sus colaboradores fuera de la cárcel. El gobierno de México, o de Colombia, o de Perú o de Bolivia, o de cualquier país, puede aprovechar esta comunicación para negociar acuerdos tácitos, apretar o aflojar la persecución, extraer información a cambio de un mejor trato, imponer el respeto de reglas no escritas. Asimismo, la extradición puede volverse un pretexto para que la otra parte, es decir EU en la mayoría de los casos, sea quien lleve a cabo esa negociación: testigos protegidos y plea bargaining, a cambio de información valiosa. Existen entonces buenas razones abstractas para negar la extradición por principio; buenas razones concretas y pragmáticas para otorgarla casuísticamente, y buenas razones para negarla, también casuísticamente. No existen reglas generales de validez universal y perpetua.En el caso de El Chapo vale la pena agregar un elemento adicional. Los últimos tres gobiernos de México han dedicado recursos considerables -humanos, militares, de inteligencia, diplomáticos, financieros- a su captura. No sé si el resultado se halle a la altura de los recursos invertidos y del tiempo transcurrido. Pero en todo caso, me parece difícil decirle a la sociedad mexicana "ahora que hemos gastado todo esto y entregado todos estos esfuerzos para capturar a este señor, debemos aceptar que no lo podemos juzgar en México. Mejor lo entregamos a los norteamericanos para que lo hagan ellos". No parece ser una gran idea ni en México ni en Sinaloa.
Extradición sí o no
