En una entrevista publicada en El País, el presidente Peña Nieto formuló su definición más clara, inteligente y liberal hasta ahora sobre la legalización de las drogas. La reproduzco in extenso debido a su importancia: "Yo creo que ahí hay un tema de inconsistencia, de incongruencia y que es una política que evidentemente tiene que revisarse… EE UU tiene un papel clave que jugar en esto… Lideró especialmente esta política de combate al tráfico, especialmente la marihuana. Y, hoy, aunque es algo ilegal y está prohibido, pues vemos que en varios Estados ya no es tan ilegal. Vemos que Uruguay, en la región, ya lo aprobó. Vemos que eso tampoco tuvo ningún efecto en el orden de la relación diplomática… personalmente he declarado que no estoy en favor de la legalización de las drogas. Y tampoco de la marihuana porque me parece que es una puerta por la que se puede incursionar al consumo de drogas mucho más dañinas… Sin embargo, la legalización de la marihuana es un fenómeno creciente… la política que se ha seguido en los últimos 30 o 40 años y que a la postre solamente ha arrojado mayor consumo y mayor producción de drogas. Por tanto, es una política fallida… tampoco podemos seguir en esta ruta de inconsistencia entre la legalización que se ha dado en algunas partes, sobre todo en el mercado del consumidor más importante, que es EE UU, y en México que sigamos criminalizando la producción de marihuana". Haciendo a un lado el retintín quejumbroso y la sempiterna acusación mexicana de "pinches gringos hipócritas", se trata de una posición innovadora. Por fin un presidente de México en funciones dice abiertamente lo que muchos piensan y otros proclamamos con estridencia. Ojalá cuando Peña Nieto viaje a Estados Unidos -espero que sea pronto: ha transcurrido la cuarta parte de su sexenio sin que vaya salvo a Sun Valley- afirme lo mismo a los medios, al Congreso norteamericano y a Obama.Por eso me extraña que su gobierno opere en piloto automático en un caso que puede ser emblemático. Me refiero a la demanda de amparo presentada por Andrés Aguinaco, a nombre de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) que ya ha sido atraída por la Suprema Corte. El abogado y sus representados sostienen que negarle permiso en la Cofepris, a SMART, para sembrar y producir cannabis, equivale a violar sus derechos, ubicados en la más alta jerarquía de la Constitución desde el 2011. Hace unas semanas varios amigos le preguntamos al procurador, Jesús Murillo Karam, quizás el miembro del gabinete con las ideas más abiertas sobre estos temas, cuál sería la postura del Estado ante la SCJN. Nos dijo que si bien la PGR no iba a pelear el caso, la Secretaría de Salud sí. Mis amigos y yo nos preguntamos, si la PGR no da la pelea, y si ahora el propio presidente Peña Nieto revisa su postura, por qué el gobierno no desiste de disputar el amparo.Busqué al principal abogado en los amparos que he presentado en candidaturas independientes, Fabián Aguinaco, padre de Andrés, para que me explicara si el gobierno se vería obligado a disputar el caso ante la SCJN. Con la claridad que lo caracteriza, me expuso que el gobierno está obligado a aplicar la ley mientras sea la ley, o mientras alguien no obtenga un amparo contra la aplicación de una ley que viola la Constitución. Pero no está obligado a acudir a la SCJN e insistir que la ley no es violatoria de la Constitución. Más aún, podría manifestar su acuerdo de que sí es violatoria de los derechos humanos, de los integrantes de SMART, y por tanto de la Constitución.Sería un acto de congruencia de Peña Nieto colocar al gobierno en sintonía con su pronunciamiento en El País. Como lo sería también que en los trabajos preparatorios para la Asamblea Especial de la ONU sobre drogas, prevista para el 2016, México abanderara el abandono de la postura prohibicionista de la JIFE, y un nuevo enfoque, que incluya la despenalización de la marihuana.