Nazario Moreno, líder del grupo criminal La Familia Michoacana hasta su presunta muerte en un enfrentamiento con fuerzas federales, afirmó: “Cada gobierno tiene la delincuencia que se merece”. (Me dicen: “El más loco”, p. 10.) Tiene razón.El presidente Fox, contra lo que le sugirieron Jorge G. Castañeda y otros, no desmanteló el estilo de gobernar del PRI. Esto lo narra Castañeda en su interesante y entretenida autobiografía, Amarres perros, de reciente aparición. Terminado su gobierno, Fox reconocería en privado, según el mismo autor, su error, con el cual tenemos que vivir.Una de las características del estilo de aquel gobierno era negociarlo todo. La ley sólo era un instrumento más. Tenemos el crimen propio de un Estado débil que ha tolerado el abuso y la corrupción, incluso en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia. Así le ha convenido a las élites. Éstas pueden explotar esa debilidad y se pueden proteger con guardias privados, o las del Estado, pero que tienen a su servicio, (cuántos tienen, es un misterio).Era un equilibrio costoso, inestable y no daba certidumbre. Requería que el gobierno tuviera la fuerza política para imponerse frente a cada grupo que lo desafiara, incluido el crimen organizado. Este equilibrio se empezó a romper desde el gobierno del presidente Salinas y terminó estallándole en la cara al gobierno con lo sucedido en Iguala.Hace una semana, el presidente Peña Nieto presentó su decálogo para enfrentar la crisis. El foco fue atender el reto de la inseguridad, aunque algunas propuestas se refieren a cómo enfrentar la corrupción y otras a cómo proteger mejor los derechos humanos. Nada para tratar de explicar el escándalo de la Casa Blanca.Me centro en las propuestas de seguridad. Hay elementos importantes como el tener una cédula de identidad, obligación legal desde hace décadas. Otros, sin embargo, están equivocados, como eliminar a todas las policías municipales y formar 32 policías estatales. Algunas policías municipales funcionan bien, y se han renovado gracias a la presión de la sociedad civil, otras son un horror. No hace sentido transferir todas las policías municipales por decreto a esas honestas y finas personas que suelen ser los gobernadores. ¿Confiaría usted un mando único en manos de Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán?No se pretende implementar la reforma de golpe en todas las entidades, sólo en cuatro. Sin embargo, de ser aprobada, los municipios ya no cuidarán a sus policías, se los van a terminar quitando, con lo cual se derrumbarán y se deberá acelerar su implementación.No hay acciones. Lo suyo es proponer leyes que el PRI en el pasado bloqueó, como la Reforma Energética durante el Pacto por México o la eliminación de las policías municipales ahora.Los objetivos propuestos en materia de seguridad que implican una reforma constitucional son alcanzables, aunque sea parcialmente, si se mejoran las instituciones existentes. Hay que trabajar. Se puede. Dos ejemplos son ilustrativos: Ciudad Juárez y Monterrey, como lo analiza bien la periodista Lucy Conger (http://goo.gl/eQqnx6).Las instituciones de seguridad no se vuelven eficaces por mover a quienes las conforman de un lugar a otro. ¿En qué fortalecen estas reformas en la muy debilitada capacidad de investigación de la PGR?La propuesta original de esta administración en materia de seguridad fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y transferir sus funciones a un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Se dedicaron a cambiar el organigrama, en lugar de fortalecer las capacidades policiacas del gobierno federal. Luego se les fue el tiempo tratando de crear una gendarmería. Después de entrar en razón, nada se gana empezando de cero un nuevo cuerpo cuando ya se tiene una Policía Federal, optaron por el mal menor: una nueva división de la Policía Federal que hace lo mismo que la división operativa de la Policía Federal.Crear policías estatales únicas, en palabras del Presidente “implicará un enorme reto presupuestal”. Ante la advertencia de que costarán mucho dinero, en el contexto de un precio de petróleo a la baja, se esperaría un plan de austeridad. No hubo tal.Hay tela de donde cortar. Por ejemplo, el Distrito Federal gasta en el Poder Legislativo, organizar elecciones y financiar partidos políticos casi dos mil 500 millones de pesos para una población de 8.9 millones. El Estado de México destina dos mil 130 millones de pesos para una población de 16.6 millones. Texas, en contraste, el equivalente a dos mil 750 millones de pesos para una población de 27 millones, de los cuales casi 11 millones son de origen hispano, más que toda la población del Distrito Federal.En policías, el Distrito Federal gasta ocho mil 400 millones de pesos, el Estado de México casi lo mismo y Texas 19 mil 900 millones de pesos. Dada la población de Texas el gasto per cápita en policías es sólo un poco mayor al del Estado de México, pero se gasta mucho mejor. Esto tampoco se resuelve cambiando la Constitución y unificando cuerpos policiacos.Se ve complicado lograr la aprobación de estas reformas ya iniciado el proceso electoral del año entrante. Pero más allá de las propuestas constitucionales, el gobierno tiene que mostrar con acciones que es capaz de enfrentar una epidemia criminal que tan bien se acomoda a los arreglos políticos de muchas regiones del país.
Crimen y gobierno
