México
La víspera de la Cumbre Unión Europea-América Latina, que ahora lleva el acrónimo de UE-CELAC para contentar a los participantes latinoamericanos, ha surgido un problema: Venezuela. La Cumbre tendrá que decidir si toca este tema o no.
El diferendo entre los dos grupos de países que asisten a la reunión de Bruselas ha sido resaltado por el viaje de Felipe González a Caracas, por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de permitirle entrevistarse con Leopoldo López, y por la virulenta reacción del mismo Maduro a la salida de González de Venezuela. El trato que recibió González del gobierno venezolano no ayudó a resolver el desacuerdo sustantivo que se ha presentado en las reuniones preparatorias de la Cumbre.
Los venezolanos buscan el apoyo de Europa y AL en su conflicto con EU, en particular sobre la designación de Venezuela por el gobierno de Barack Obama como un peligro para la seguridad de Washington. Según el diario El País, Venezuela busca que la Cumbre se pronuncie al respecto. Los latinoamericanos, en su gran mayoría, apoyan cualquier delirio que se le ocurriera antes a Chávez y ahora a Maduro; los europeos lo último que desean es comprar un pleito con Obama sobre un tema tan insignificante para ellos como lo es Venezuela. En caso de ser mencionado este tema en el documento final de la Cumbre, tendría que incluir alguna referencia a los presos políticos de Caracas y a la continua posposición de Maduro de la convocatoria a elecciones legislativas este año.
Aquí entramos al dilema sustantivo para AL. De acuerdo con la Constitución, deben realizarse dichos comicios durante el segundo semestre de este año. Maduro no ha querido fijar una fecha ni expedir una convocatoria. Leopoldo López, uno de los presos políticos, y otros colegas, se encuentran en huelga de hambre en protesta. Los países de AL no deberían de aceptar la posposición indefinida de estas elecciones y, al contrario, deberían de aprovechar reuniones como la de Bruselas para presionar a Maduro.
Recordemos que AL firmó la carta Democrática, en 2001, que, entre otras cosas, obliga al respeto de las disposiciones constitucionales vigentes y en particular a la celebración de elecciones regulares en cada país de la región. ¿Qué va a hacer AL? ¿Hacerse de la vista gorda? ¿Decirles a los europeos que la retórica sobre la democracia y los derechos humanos está muy bien mientras no se aplique a un país amigo? ¿Cómo será recibido este mensaje en Bruselas?