Hasta donde son confiables los resúmenes de prensa del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitados y financiados por el gobierno de México y por los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la tragedia se ha vuelto un desastre investigativo, mediático, político e internacional para el gobierno. Autoinfligido en una parte, ajeno a su injerencia en otra.
Si entiendo bien, la GIEI descalificó el informe presentado por el gobierno en varios aspectos. El primero es el incendio en el basurero de Cocula: su experto concluyó que era imposible incinerar a 43 cadáveres de la manera en que las autoridades indicaron. El segundo se refiere a los fundamentos de la versión gubernamental: casi en su totalidad basada en declaraciones, obtenidas bajo condiciones altamente sugerentes de tortura. El tercero involucra el descuido y el desaseo de las evidencias y de la escena del crimen, así como la falta de seriedad en construir un time-line robusto. El cuarto, quizás el más grave, consiste en la existencia de un quinto autobús, y una separación de los 43 estudiantes en dos grupos, sin que nada se sepa al respecto. Por último, el GIEI se pregunta, de manera elíptica, si la Policía Federal y el Ejército no estaban en condiciones de evitar lo que fue una masacre.
Confieso que no comprendo cómo alguien como Jesús Murillo Karam pudo haberse equivocado a este grado. Dije en varias ocasiones que me parecía el menos peor de los funcionarios de Peña Nieto, y que su “verdad histórica” se antojaba verosímil. Hoy hay de dos sopas: resultó falsa o lo es la del GIEI.
Concuerdo, por ahora, con la reacción oficial al informe de los investigadores extranjeros. A diferencia del Papa, de Juan Méndez sobre la tortura, de las desapariciones forzadas y de los forenses argentinos, esta vez el gobierno optó por no pelearse. Dijo que considerará sus recomendaciones, incluyendo la necesidad de un nuevo peritaje sobre el presunto incendio de Cocula. Da la impresión que por fin Gobernación y Relaciones, quizás como resultado de los cambios en ambas dependencias, convencieron al Presidente de no plegarse a las exigencias de las FFAA, salvo en su rechazo a permitir el encuentro entre la GIEI y los integrantes del 27 Batallón en Iguala. Algo es algo, pero falta: la rendición de cuentas y la asignación de responsabilidades de una contraverdad histórica, o de un encubrimiento fallido —otro más.
¿GIEI=CICIG?
