Jorge G. Castañeda
El fallo de la Suprema Corte de Justicia mexicana sobre la marihuana constituye un hito en la larga lucha por suprimir la costosísima política prohibicionista y punitiva contra las drogas impuesta por Estados Unidos al mundo desde 1971. No representa una plena legalización de la producción, consumo y comercio de la sustancia hasta ahora ilícita, pero sí un gran paso en esa dirección. Un paso que solo podía darse por la vía judicial, en un país donde la opinión pública sigue contraria a una postura liberal y tolerante en la materia.
El aspecto legal es retorcido, como todo lo jurídico en México. Un grupo de cuatro mexicanos, organizados en un club de cannabis denominado SMART, solicitó autorización a la instancia oficial mexicana encargada de proveer servicios de salud para cultivar y consumir marihuana. Les fue negado, conduciéndoles a solicitar un amparo contra la violación de sus derechos humanos, consagrados en la Constitución desde 2011. La Corte otorgó el amparo, lo cual significa que esos cuatro mexicanos —y solo ellos— pueden cultivar, transportar, intercambiar y consumir marihuana. Para que la sentencia se aplique a todos los mexicanos, en el sentido estricto, deberán producirse cuatro fallos más y crear jurisprudencia.
Sin embargo, la decisión brinda una oportunidad al poder Ejecutivo para empezar a abandonar la aberrante guerra del narco, iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón y cuya violencia ha vuelto a repuntar: hay más homicidios dolosos por habitante en 2015 que en 2014. Ha costado más de 100.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos, un deterioro terrible en la imagen internacional de México, y abundantes violaciones a los derechos humanos. Ahora, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puede comenzar a dejarla atrás, tanto en el frente interno como ante EE UU. Ojalá tenga la audacia y el realismo para aprovecharla.
En lo interno, el Gobierno mexicano puede proceder de varias maneras. En primer lugar, instar a su partido, el PRI, mayoritario en el Congreso, a aprobar iniciativas de ley que seguramente presentarán varios legisladores para adecuar la Ley General de Salud al fallo de la Corte. El que dicho fallo se centre en derechos humanos y en la primacía de los mismos en la Constitución significa que otros tribunales probablemente otorguen el amparo a otros grupos como SMART, sin que siquiera tengan que llegar hasta la Suprema Corte. Más aún,la propia instancia gubernamental que negó la autorización a SMART dudará en negarla a otros clubes invocando disposiciones de la Ley de Salud que ya fueron declarados inconstitucionales. Al país le conviene mucho más legislar para adecuar sus leyes a la Constitución que librar batallas de retaguardia.
Mientras, sin embargo, Peña Nieto puede tomar otras medidas. Se podrían detener o reducir las quemas de sembradíos de marihuana en las serranías, evitando así fricciones con agricultores por cuenta propia o por encargo de los carteles. Se podrían reducir o suprimir las detenciones de tráileres transportando marihuana hacia el norte, e interrumpir la búsqueda de narcotúneles en la frontera. ¿Para qué gastar recursos y correr riesgos buscando túneles destinados a introducir una sustancia en parte ya legal en México, a un destino donde también es en parte legal? ¿Cuál es la lógica de enviar tropa mexicana a combatir el cultivo y el tráfico de un producto en vías de legalización en ambos países?
Frente a Washington, Peña Nieto puede ir aún más lejos, invocando una cierta simetría entre su situación y la de Barack Obama. De la misma manera que el presidente de EE UU ha insinuado que no es responsable ni adversario de las decisiones de los Estados de la Unión americana que han legalizado el uso terapéutico o recreativo de la marihuana, el mandatario mexicano puede sostener que él no controla al poder judicial en su país, y que no es responsable de sus decisiones. Peña Nieto podría organizar una reunión con Obama y ver cómo ambos países, ahora con Canadá —cuyo nuevo primer ministro hizo campaña con la bandera de la legalización de la marihuana—, pueden dejar atrás la postura prohibicionista y punitiva frente a las drogas y diseñar un enfoque basado en los derechos humanos, en la segmentación de mercados, y en hechos científicamente comprobados. Así, daría un nuevo paso en el camino de México hacia la modernidad, pasos que al país le cuestan tanto, pero que le benefician más.