El informe definitivo del GIEI sobre el caso Ayotzinapa no dejará satisfecho a nadie. Los partidarios del gobierno dirán, con algo de razón, que no propone una versión alternativa a la “verdad histórica”; los adversarios de Peña Nieto y soldados de la causa de los desaparecidos de la Normal sostendrán que ofrece amplias pruebas de la duplicidad del gobierno.
Ambas cosas son ciertas, pero una es más cierta que la otra. Rescato tres puntos del informe, procedentes de la pésima declaración de prensa de los expertos, pero que a pesar de ellos mismos me convencen. Primer punto: los 17 torturados. No es posible que la tesis del régimen de EPN descanse en el testimonio de personas que, de acuerdo con el GIEI y los exámenes médicos del gobierno, fueron claramente torturados. Aunque los expertos no exijan su liberación inmediata por violación flagrante al debido proceso (el equivalente en este caso a los Miranda Rights), se trata de una condena brutal a la indagación oficial.
Segundo: el testimonio/video de un testigo presencial el 28 de septiembre que filmó cómo la PGR aseguraba y manipulaba la escena del crimen es demoledor. Todo lo que provenga de allí es impresentable en un tribunal, de justicia o de la verdad. Y tercero: ofrecen los expertos un cúmulo de ejemplos de cómo fue obstaculizada o demorada su investigación a partir de su primer informe en septiembre de 2015 que resultan difíciles de rebatir y, aunque no sean concluyentes, son convincentes.
Pero no quisiera detenerme en esto. El meollo del asunto del GIEI radica en la versión que cada día con más frecuencia y constancia aceptan los medios internacionales y las cancillerías, instituciones no gubernamentales y gubernamentales sobre las razones por las cuales el trabajo de los expertos no desembocó en una narrativa persuasiva. El gobierno no los dejó: les impidió interrogar a los militares, los hostigó, demoró la respuesta a sus solicitudes de información (quinto autobús), y montó una campaña de descrédito y calumnia entre medios y columnistas de quinta y sin audiencia, pero de los cuales toman su “cue” muchos malandros. Se puede discutir si esto es cierto o no, con argumentos sólidos de una parte y de otra, pero creo que los expertos y los defensores de derechos humanos hoy en México sí se sienten aludidos y acosados por los tontos útiles.
Lamento este desenlace. Creo en la participación externa en la resolución de nuestros conflictos internos cuando no podemos resolverlos nosotros. Dudo que la experiencia del GIEI, no por su culpa ni mucho menos, fortalezca los argumentos a favor de otra experiencia análoga en el futuro. La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa en 2019 tal vez deba prescindir de voces foráneas. Lástima.
GIEI y Comisión de la Verdad
