En Brasil, la presidenta es removida de su cargo durante 180 días para ser juzgada por violar disposiciones fiscales de la Constitución de 1988, permitiéndole ser reelecta en unos comicios muy cerrados en 2014, todo ello en un contexto de corrupción de su partido que alcanza hasta Lula, su fundador y predecesor de la presidenta. Lula es acusado de tráfico de influencias y de recibir favores para su fundación, sus residencias y sus campañas políticas.
En Argentina, la ex presidenta es formalmente acusada de vender dólares del Banco Central por debajo del valor de mercado para incrementar las posibilidades de triunfo de su candidato a la presidencia en 2015. Será próximamente acusada de ser cómplice del increíble enriquecimiento de Lázaro Báez, un ex cajero de una sucursal bancaria de Santa Cruz que adquirió durante los años del kirchnerismo más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia.
En México se atora la Ley 3de3. Sucede en este contexto, y ese es el rasero con el cual debe medirse lo que se pueda lograr a través de una iniciativa bien intencionada, pero diluida hasta volverse irreconocible.
Los dos temas a discusión en México son si cuando se convoque a un período extraordinario, lo que se apruebe en materia de lucha anticorrupción significará un avance aceptable, a pesar de todo, y de no ser el caso, de quién es la culpa. Ya expresé la semana pasada en esta página que no me resulta suficiente ni aceptable lo que parece que será aprobado (subrayo parece), y que la culpa es de los partidos, o mejor dicho, la partidocracia.
También expuse que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como el Imco y Transparencia cargaban algo de responsabilidad al no insistir en su versión de 3de3, haga lo que haga el Congreso. Juan Pardinas, del Imco, me escribe que la partidocracia quiere endosarle la factura de la ley descafeinada a las OSC, y que yo, al culparlas en parte, le hago el juego a esa partidocracia. Me pide disculparme en público por prestarme a ese juego, y lo hago con gusto, aceptando que debí haber leído y escuchado con más cuidado sus comentarios.
Creo, sin embargo, que los organizadores de 3de3 pueden asumir con mayor contundencia su papel de activistas de la sociedad civil y no de legisladores. Si los partidos aprueban una ley que se queda muy corta, deben decirlo. Si los partidos posponen todo indefinidamente, deben denunciarlo. Si los partidos se niegan a que sus diputados y, sobre todo, senadores entreguen su 3de3personal, deben “ventanearlos”. Estas OSC se han ganado un merecido prestigio por íntegras y audaces. Ellas no deben negociar o aceptar medio pastel. Su papel es todo o nada. El de los legisladores es al revés: lo que se pueda. No se hagan bolas, diría el clásico.
Una disculpa
