Jorge G. Castañeda
La semana pasada, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín inusual. A varios amigos y colegas interesados en los asuntos internacionales nos pareció a tal grado inverosímil, que opté por revisar la página web de la Segob para cerciorarme que, en efecto, se trataba de un auténtico documento de Bucareli. No está en el sitio, pero sí en múltiples publicaciones. Se trata del boletín número 142 de Segob.
La nota de prensa dice así: “Cancillería analiza suspender cooperación migratoria con Estados Unidos: “El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que la Cancillería analiza la propuesta del Senado para suspender la cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, y que se llamó a consulta a la embajadora Roberta Jacobson. Además, recordó que con Estados Unidos hay acuerdos de seguridad fronteriza que incluyen evitar el tráfico de armas hacia México. El Senado nos ha hecho una propuesta concreta por unanimidad, que está analizando la Cancillería, y, desde luego, frente a otras expresiones, la Cancillería el día de ayer llamó a consulta a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que se tiene, para que exprese casos concretos donde haya, supuestamente ha habido, violaciones a personas hondureñas, como es parte del discurso agresivo, y señalar con mucha claridad el rechazo”. En conferencia de prensa en Coahuila, Navarrete Prida aseguró que las “actitudes verbales” del presidente de ese país “no se han traducido por parte del gobierno norteamericano en un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia Nacional que ya ha ocurrido en otros años”.
Digno de Cantinflas cuando hablaba bien. Para empezar –y no es lo más importante– a los embajadores los suele llamar a consulta su propio gobierno. Si se quería llamar a consulta a alguien, era más bien a Gerónimo Gutiérrez, nuestro excelente embajador en Washington. A Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México hasta el 5 de mayo –y excelente emisaria también– se le entrega, en su caso, una nota formal de protesta –escrita o verbal, así se dice– o se le convoca a la Cancillería para pedirle explicaciones sobre la conducta de su gobierno.
En segundo término, no entiendo qué hace Gobernación explicando a quien llama –o no llama– la Cancillería. Los diferendos entre la SRE y la Segob (o Hacienda) son seculares, desde luego, pero es incomprensible la lógica según la cual el canciller más poderoso en años informe de las actividades de sus colaboradores a través de Bucareli. Se trata de una explicación inexplicable.
Pero, sobre todo, el contenido es incomprensible. ¿Cuáles son “las violaciones a personas hondureñas”? ¿Violaciones físicas a las mujeres, como dijo Trump? ¿Violaciones de los derechos humanos de los migrantes hondureños en México, como decimos muchos mexicanos? ¿Cómo es una “actitud verbal” del presidente de Estados Unidos? ¿Acaso no es un hecho concreto el envío de cuatro mil efectivos militares estadounidenses armados (sorry, Luis) a la frontera con México?
Por último, lo más importante. Es obvio que la supuesta evaluación de los esquemas de cooperación de México con Estados Unidos, en materia migratoria, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia, no es más que una cortina de humo. Ricardo Anaya y el Senado exigieron “condicionar” la cooperación con Washington al desistimiento de una serie de acciones de Trump en contra de México. No pidieron una evaluación. No plantearon una “evaluación” que concluyera, como la que ya hizo SRE, sin aún anunciarla públicamente, que los acuerdos son más importantes para México que para nuestro vecino, y que, por lo tanto, van a persistir. ¿En verdad los superperros de la PGR buscando cocaína en el aeropuerto, los decomisos de mariguana en la frontera norte, el fichaje de centroamericanos detenidos en México, el detectar posibles terroristas intentando entrar a Estados Unidos a través de nuestro país, es para beneficio nuestro? ¿Queremos seguir con la estupidez que perseguimos a los narcos para que la droga no llegue a tus hijos?