Jorge G. Castañeda
Es un hecho que el tema migratorio interesa muy poco a los mexicanos. No nos preocupa mayormente el destino y la situación de los paisanos en Estados Unidos, la de los centroamericanos en sus países respectivos, y menos aún de los mismos migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en México. Por eso las caravanas desaparecieron rápidamente de los noticieros y de las primeras planas de los periódicos, como bien lo apuntó Enrique Acevedo en Milenio, el jueves.
Esto le permite a las autoridades mexicanas hacer más o menos lo que quieren, y sobre todo, actuar bajo una gran opacidad. Confían, con bastante razón, en que los medios nacionales no se tomarán la molestia de investigar e informar sobre lo que sucede en las fronteras sur y norte. Saben también que la prensa internacional tiene otros asuntos de que ocuparse, y que además es limitada la repercusión en México de su cobertura al respecto.
Por eso conviene divulgar tres datos que, o bien no han aparecido en las páginas de los diarios nacionales, o bien han pasado desapercibidos. El primero abarca la llegada continua de caravanas centroamericanas a la frontera sur. Acevedo mencionaba una en su columna, de 500 integrantes, y que ingresó por la fuerza a México el martes. El diario Reforma reportó escaramuzas, pedradas y entradas por la libre el miércoles, tal vez refiriéndose a los mismos hechos. El Universal señala que son entre 1,300 y 1,500 los integrantes de las nuevas caravanas. En otras palabras, los habitantes del Triángulo del Norte siguen huyendo de la violencia en sus países, arriban colectiva o individualmente a México, y se siguen dirigiendo a Estados Unidos. Silencio no implica ausencia.
En segundo término, el gobierno de López Obrador suspendió hace unas tres semanas el programa de visas humanitarias y de trabajo para los centroamericanos. Ante una severa presión norteamericana, y con fuertes divisiones en el gabinete, sobre todo entre Gobernación y Relaciones Exteriores, el “pase automático” de un año, con la posibilidad de libre tránsito, trabajo, seguro social, etc., fue cancelado. Algunos reportajes citan a centroamericanos revelando que ya no se entregan los documentos, pero obviamente nadie ha preguntado en las mañaneras o a los funcionarios responsables cuándo se clausuró el programa, por qué, y si se va a renovar. Los 500 migrantes que, según los reportes ya citados, dieron “portazo” en estos días lo hicieron justamente porque ya no les entregaban documentos.
El tercer dato importante y ausente en los medios y el debate en México involucra al programa Remain in Mexico o Permanecer en México. Este fue acordado por el canciller designado y altos funcionarios estadounidenses durante una reunión en Houston, en noviembre. No hay documento firmado, se trata de un convenio verbal, sujeto a interpretaciones diferentes por ambas partes. Según las versiones publicadas, México aceptó admitir que Estados Unidos devolviera a suelo mexicano a solicitantes de asilo en aquel país mientras se procesaran sus solicitudes (entre seis meses y un año de espera). Permanecerían donde quisieran, aunque obviamente su preferencia serán las ciudades fronterizas, hasta que los llamen (quién sabe cómo) las autoridades norteamericanas.
Estados Unidos sostiene que el acuerdo contempla devoluciones en todos los puntos de cruce en la frontera (son once); México contempla que primero será Tijuana, luego Piedras Negras, pero nada más. Estados Unidos pretende que el programa incluya a mujeres y varones solos y familias enteras; México alega que sólo migrantes individuales. Existen varios desacuerdos adicionales sobre los términos acordados en Houston.
El hecho es que, tal y como se pronosticó en varias fuentes, pocos días después de las primeras devoluciones en Tijuana, varias organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos demandaron a la administración Trump. En particular la American Civil Liberties Union interpuso una demanda ante un tribunal federal radicado en California, el jueves pasado. Allí denuncia que el procedimiento de devolución viola el principio jurídico norteamericano de acceso a abogados, a debido proceso, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y al derecho de asilo.
Pero también plantea que la devolución desconoce el principio fundamental del derecho internacional de asilo, a saber el non-refoulement, o no regreso a un país inseguro. Estados Unidos ha aceptado dicho principio desde 1951, y es evidente que Tijuana es todo menos una ciudad segura, para mexicanos u hondureños.
En pocas palabras, hoy, México se coloca del lado de Trump contra las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, y varias asociaciones latinas. Sólo falta que entreguemos un amicus curiae a favor de Washington y contra ACLU.