Jorge G. Castañeda
Para decidir cada quien si el acuerdo entre Trump y López Obrador es bueno o malo para el país, o quién ganó y quién perdió, me parece necesario disponer de respuestas a tres series de preguntas. Las enumeró a continuación, sin atreverme a ofrecer respuestas. No las tengo.
En primer término, es preciso saber con claridad si las declaraciones de Trump sobre capítulos del acuerdo no incluidos en el convenio se refieren a algo concreto o son puras ganas de meter cizaña. Como se ha difundido ampliamente, el sábado el mandatario estadounidense tuiteó que “México se comprometió a comprar de inmediato una gran cantidad de productos agropecuarios”. También se sabe que el secretario de Agricultura acompañó a la delegación mexicana a Washington, y que a través del sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana, de la fusión de Liconsa y Diconsa y la resurrección de Conasupo, bajo Ignacio Ovalle, el gobierno de AMLO puede comprar alimentos de nuevo en gran escala. La embajadora de México ante la Casa Blanca se negó a negar la versión en Face the Nation el domingo, limitándose a afirmar que gracias a la desaparición de aranceles inexistentes y a la ratificación del TMEC, aumentará el comercio bilateral agropecuario.
El domingo, Trump también tuiteó que “De manera importante, algunas cosas que no fueron mencionadas en el mensaje de prensa, una en particular, fueron acordadas. Se anunciará a su debido tiempo.” ¿A qué se refiere? Según Bloomberg, ni Presidencia, ni la SRE quisieron responder a llamadas al respecto.
Segundo enigma: ¿a quiénes se aplica el programa Remain in México ampliado? Si nos atenemos a las cifras de DHS, desde el primero de enero hasta el 31 de mayo fueron detenidos aproximadamente 485 mil personas sin papeles en la frontera de México con Estados Unidos. De estos, un número determinado son mexicanos –que pueden ser deportados de inmediato–, de otros países (Cuba, Haití, Congo, etc.), y centroamericanos. Estos últimos no pueden ser deportados de inmediato. Si viajan con niños no pueden ser detenidos más de veinte días, la mayoría solicita asilo y, en teoría, son los principales clientes del programa impuesto por Estados Unidos desde enero.
Las preguntas son obvias: El programa, ¿es aplicable a todos los detenidos que solicitan asilo, o únicamente a aquellos que entran y lo hacen a partir del lunes 10 de junio? ¿A cuántos? Circula la cifra de 97 mil solicitantes de asilo centroamericanos actualmente dentro de Estados Unidos, pero no necesariamente se encuentran todos detenidos. ¿Cuántos se encuentran en los centros de detención en la línea o cerca de la misma? Se ha mencionado la cifra de hasta 50 mil.
En otras palabras, es imperativo conocer con precisión el tamaño de la tarea que AMLO se echó a cuestas, para saber si el precio a pagar por evitar el arancel de 5% fue excesivo, justo, o una ganga. Si el esquema vale para todos los que entraron a Estados Unidos desde enero, detenidos o no, solicitantes de asilo o no, se trata de un tsunami contra el cual no podremos hacer nada, mucho menos darles educación salud, alimentación y vivienda. De ser el caso, el acuerdo constituye uno de los peores errores diplomáticos de un gobierno de México desde el tratado Mclane-Ocampo.
Por último, deberemos informarnos si, al margen del entendimiento, Estados Unidos piensa acelerar y dificultar aún más su proceso de otorgamiento de asilo. Hasta ahora, nos han devuelto menos de 10 mil centroamericanos: unos sesenta diarios, en los tres puntos de ingreso (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez). En parte este lento ritmo se debe a un aletargamiento deliberado de las autoridades mexicanas, en parte a la falta de personal norteamericano y a lo enredado de su procedimiento. Pero si deciden agilizarlo, y colocar a un mayor número de agentes migratorios en los centros de entrevista, la velocidad puede aumentar de manera vertiginosa. Simplemente con acortar la primera entrevista (“credible threat”) y volverla más adversa, y luego acortar la segunda (“well-founded fear”) y transformarla en un trámite proforma con un desenlace siempre negativo, las consecuencias serían desastrosas para México.
Nos volveríamos un Tercer país seguro en los hechos, ya que las solicitudes de asilo a Estados Unidos serían rechazadas todas de entrada. Sólo quedaría el asilo en México: exactamente lo que el gobierno dice que no aceptó. Con las respuestas a estas preguntas, podremos tener una idea más clara de qué se negoció. Por ahora, sabemos muy poco.