La marcha del domingo 13 de noviembre, en la Ciudad de México, en defensa del Instituto Nacional Electoral revistió una gran importancia en el país por tres motivos.
En primer lugar, porque mostró que las clases medias del Valle de México, la zona más poblada del país, de hecho han abandonado al presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de cuarta transformación de una manera más contundente que lo que se había visto hasta ahora. En segundo lugar, el PRI, que había titubeado en su oposición a la reforma del INE propuesta por el Gobierno, ya asumió una posición francamente contraria y probablemente irreversible.
En tercer término, la marcha fue significativa porque puede ser el principio de la reconstrucción de una alianza electoral de la oposición que desemboque en una posible victoria en los comicios para gobernador del Estado de México, en 2023, y para la presidencia de México, en 2024.
Según la empresa de investigación Parametría, desde las elecciones intermedias de 2021 para la Cámara de Diputados y varias gubernaturas estatales, las clases medias mexicanas, que habían votado por Morena en 2018, iniciaron un proceso de alejamiento de la coalición de López Obrador. Esto se pudo comprobar en los resultados de las principales metrópolis del país –Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Mérida y varias más– donde se concentran esas clases medias, y en las encuestas de salida que mostraron que gente con educación superior o ingresos por encima de determinado monto, ya votaron en una proporción mucho menor al promedio por los candidatos de Morena, el partido de López Obrador.
La marcha del domingo 13 en defensa del INE no fue, desde luego, de pura clase media. Aglutinó a gente de muchos sectores de buena parte del Valle de México, y a personas de varios sectores en muchas otras ciudades. Pero es cierto, como lo han comentado múltiples analistas, que se trató de una protesta principalmente de la clase media, con educación superior, de cierta prosperidad, en una ciudad que es cada vez más -justamente- de clase media.
El tema de la defensa de la democracia mexicana, de las instituciones electorales, de todo lo que se ha construido en el país desde los años 90, es típicamente propio de este tipo de sectores, no porque los sectores populares no participen con entusiasmo y no consideren suyas las conquistas democráticas de los últimos 30 años, sino porque suelen abrazar causas más cercanas a su existencia cotidianapor razones estrictamente económicas y sociales.
El segundo significado de la marcha es que en ella participó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, como se decía, había titubeado en su rechazo a la reforma de López Obrador que hubiera desmantelado al INE, al elegir a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral por sufragio universal, al reducirles sus facultades y recursos disponibles para la institución. Sin esos votos no será posible aprobarla.
El PRI estuvo en la marcha, no todo el PRI, no todos sus diputados, senadores y gobernadores, pero sí muchos de sus dirigentes. Portaron letreros o pancartas, corearon consignas, se codearon con cientos de miles de manifestantes en toda la República, según cifras de la oposición. El Gobierno, por su parte, dice que fueron menos participantes. En una palabra, se comprometieron a rechazar la reforma electoral de López Obrador.
Esto significa, en los hechos, votar contra la reforma en el Congreso, y desistir de entrar en la dinámica de la negociación con el Gobierno. Implica renunciar a cambalachear capítulos “buenos” por capítulos “malos”, y ceder en algunos puntos para conseguir otros. Obliga a volver a la negativa de aprobar cualquier cambio constitucional, una posición que nunca debieron abandonar, y resistir toda amenaza o extorsión, abierta o velada. No para sacrificarse, pero sí para encontrar la manera de permanecer en libertad sin someterse. Hay cómo.
En tercer lugar, la marcha puede constituir un hito en la historia política reciente de México porque después de la protesta, el PRI se podría envalentonar. Al hacerlo, se recompondría la alianza con el PAN y el PRD –llamada Va por México– y que no solo funcionó en las elecciones de 2021, sino que se había ido consolidando.
Esto tornaría factible un triunfo de la oposición en la elección para gobernador del Estado de México en 2023, siendo esta la entidad más poblada del país. Dicho resultado, de gestarse, permitiría reconstruir la alianza para la presidencia, las gubernaturas y el Congreso para 2024 y, en una de esas, desembocar en una victoria de la oposición.
No es seguro que esto suceda. Existen todavía muchos obstáculos ante la reconstrucción de la alianza, entre ellos, el recurso constante de López Obrador de presionar a los diputados y senadores del PRI para que voten a favor de sus reformas o sean denunciados y, en su caso, enjuiciados por actos de corrupción.
Además, la reconstrucción hipotética de la alianza Va por México para 2023 y 2024 todavía enfrenta varios retos. Ponerse de acuerdo con el fin de presentar candidaturas comunes para 500 diputados, 128 senadores, una decena de gobernadores en estados importantes como Jalisco, Veracruz y Puebla, el jefe de Gobierno de la capital y sobre todo, un candidato para la presidencia de México, es una tarea herculeana. Y, además, desde luego, esa oposición tiene que encontrar una postulación única y competitiva para el puesto de ese jefe de Estado, cosa que por el momento no se ve fácil.
Pero, de cualquier manera, la marcha puede ser un parteaguas. Quizás la mayor confirmación de ello radica en la reacción del propio López Obrador, que ha mostrado su extrema molestia ante las dimensiones y el entusiasmo de los participantes.
Al grado de que ha decidido convocar a su propia marcha, que él planea encabezar el 27 de noviembre. La diferencia –desde luego– entre la marcha en defensa del INE y la de la exaltación del Gobierno es que se volcarán todos los recursos del Estado mexicano para nutrir la de Morena, mientras que la de la oposición –porque eso fue: una marcha opositora– se hizo exclusivamente con el auspicio de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos que participaron en ella.