El 22 de noviembre del 2016 escribí en The New York Times que ante las amenazas de deportaciones masivas formuladas por Trump durante su primera campaña, el gobierno de México debía adoptar una postura de cierta firmeza. Sugerí a las autoridades mexicanas (de Peña Nieto) que desde luego nos veríamos obligados a aceptar y recibir con los brazos abiertos a todos los nacionales mexicanos que Trump llegara a deportar, pero no a los demás. Planteé que le correspondía a Estados Unidos la responsabilidad de demostrarle a México que cada deportado era un mexicano, y que quienes no pudieran probar su ciudadanía mexicana sencillamente no serían admitidos. Peña Nieto y Luis Videgaray optaron por una postura distinta. Concluyeron que no existía la fortaleza mexicana para oponerse de esa manera a Trump, y a partir de la primavera del año siguiente, cuando comenzaron las primeras deportaciones, recibieron más o menos a quien Trump mandara, insistiendo sin embargo que no aceptaban un acuerdo de Tercer País Seguro entre México y Estados Unidos, como existía entre Estados Unidos y Canadá, y como pedía Washington. No sabemos exactamente cuántos no mexicanos recibió el gobierno de Peña Nieto entre esa fecha y el 30 de noviembre de 2018 cuando salió, pero debe haber sido un número significativo. Tampoco se supo a ciencia cierta qué ocurrió con los no mexicanos enviados a México durante esos dos años: si permanecieron aquí, si volvieron a irse a Estados Unidos, o si el gobierno de México a su vez los deportó a sus países de origen. No fue una posición especialmente noble y valiente, pero era obviamente lo que los gobernantes mexicanos pensaron que era posible en ese momento. López Obrador y Ebrard hicieron más o menos lo mismo, pero lo formalizaron. A partir de la reunión secreta de Ebrard con Mike Pompeo en Houston, en noviembre de 2018, y posteriormente ante la amenaza de Trump en mayo de 2019 de imponer aranceles si México no aceptaba a los deportados de todas las nacionalidades, la nueva administración mexicana acordó con Washington el programa llamado Quédate en México. Dicho esquema estipulaba que los no mexicanos que fueran deportados de Estados Unidos a México, o que trataran de ingresar a Estados Unidos desde México, debían esperar su cita con CBP en México. Si fuera rechazada su solicitud de asilo o fueran deportados por otras razones, permanecerían en México antes de ya sea volver a sus países, o intentar de nuevo el ingreso al norte sin papeles. Ya con el gobierno de Biden, a partir del 2021, y sobre todo a partir de finales del 2022, México llegó a un acuerdo con Washington para que a cambio de que ellos otorgaran 30 mil visas temporales al mes a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, México admitiría a un número equivalente cada mes de las mismas nacionalidades. Efectivamente, Estados Unidos sí otorgó esas visas por dos años, que en muchos de los casos ya han vencido. Trump ha amenazado con suprimir el programa de indulto humanitario o humanitarian parole. No se sabe si en realidad Biden envió a México a 30 mil cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos cada mes durante el 2023 y el 2024, ni tampoco si dichos deportados permanecieron en México o si México a su vez los envió a sus países de origen. En otras palabras, ni Peña Nieto ni López Obrador, ni con Trump ni con Biden, se atrevieron a negar la entrada a México a no nacionales deportados por Estados Unidos al carecer de los papeles exigidos. Por un lado, creo que esta decisión fue incorrecta y que había márgenes para escoger otro rumbo, pero por otro debo reconocer que dos gobiernos mexicanos de signos políticos diferentes, ante dos administraciones norteamericanas también de orientaciones distintas, se resignaron ante una posición de debilidad mexicana. No les fue posible negarse a una aplicación clara del derecho internacional de asilo o humanitario, de acuerdo con los cuales ningún país está obligado a recibir nacionales de otros países. Ahora Claudia Sheinbaum y sus colaboradores parecen decir que, a diferencia de los dos gobiernos anteriores, con la nueva administración Trump no aceptarán dicha devolución. Recibirán desde luego a mexicanos, pero no a decenas o cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nacionales de otros países tanto de América Latina como del resto del mundo. Trump, por su parte ha declarado, sobre todo en los últimos días, que Venezuela, por ejemplo, tendrá que recibir a los 750 mil venezolanos a los cuales Biden otorgó ya sea el estatus de protección temporal (TPS), ya sea el indulto humanitario, y que si no, la dictadura de Maduro enfrentará severas consecuencias económicas. De acuerdo con Bloomberg, el equipo de Trump ya estableció contactos más o menos secretos con México y otros países (parece que El Salvador) para que efectivamente estos países reciban a ciudadanos de otras nacionalidades. Me encantaría que Sheinbaum tuviera la fuerza necesaria para mantenerse en el rumbo que ha insinuado. Sin embargo, lo dudo. No por ella ni por su equipo, sino simplemente porque México no parece estar en condiciones de enfrentar a Estados Unidos en este tema. Tal vez Trump no pueda imponer de nuevo el acuerdo de Tercer País Seguro, pero al final del día López Obrador y Ebrard ya habían admitido un acuerdo de facto en este sentido. Ojalá me equivocara, pero no lo creo. Lo que México sí puede hacer, como yo he dicho y muchos otros también, es exigirle a Estados Unidos que asuma el costo de la repatriación de México a los países originarios de quienes nos envíen, y sobre todo, el costo de alojamiento, alimentación, protección, educación, etcétera, de todos los no nacionales enviados por Estados Unidos a México. Esto ya sucedió, como se ha dicho hasta la saciedad, con Turquía y la Unión Europea en 2015, con millones de refugiados sirios y afganos. Sucede actualmente con el gobierno panameño, que logró que Estados Unidos sufragara los gastos de repatriación de todas las personas que atraviesen el Tapón del Darién y que carecen de los papeles apropiados para permanecer en Panamá o seguir su camino. Huelga decir que acuerdos parecidos se han celebrado entre distintas naciones europeas y otros países que se encuentran en una situación semejante a la de México. Lo sabremos muy pronto y nada me daría más gusto que equivocarme. Pero en este caso, como en el de las demás amenazas de Trump, me parece que van en serio. La presión será enorme, y México no está en condiciones de resistir más que con soluciones no óptimas, pero finalmente aceptables. O con mentiras, como el gobierno anterior.