No tiene nada de malo que quien ocupa un cargo público en el gabinete, en el Poder Legislativo o en gobiernos estatales tenga aspiraciones presidenciales y haga campaña durante un tiempo. Ahora bien, lo que el PRI, Fox, y hasta los rivales panistas de los secretarios de Estado del PAN alegan, en público y en privado, es que se les está pasando la mano a Cordero, Lujambio y Lozano, sin hablar, en otro contexto, de Enrique Peña Nieto o Emilio González. Ahí hay dos problemas reales.Se entiende muy bien por qué Cordero y Lujambio no dejan el cargo. Primero, porque si no estuvieran ahí, no hay cómo darse a conocer pues no pueden comprar tiempo aire para decir "soy fulano de tal y quiero ser Presidente". Esto hoy en México, gracias a la desafortunada reforma del 2007, no es posible. ¿Cómo quieren que le hagan Cordero y Lujambio si contendientes como Creel, sobre todo, y Vázquez Mota, en menor medida, ya han alcanzado elevados índices de conocimiento? El cargo público para precandidatos funcionarios es un asunto de vida o muerte en esta materia.Segundo, sus equipos trabajan en Hacienda y en Educación y están dedicados a la campaña igual que ellos; lo hacen bien porque es gente experimentada, que ha estado en esto y saben lo que hacen. Podría uno decir que sólo lo hacen en su tiempo libre y no en horas hábiles. Pero nadie lo cree, porque no es cierto. Por equipos me refiero tanto a estrategas como a la gente de prensa, logística, secretarias, choferes, etcétera, lo mismo pasa en el caso de los gobernadores y legisladores. Esto sucede en México y en cualquier parte del mundo.El problema es que con la reforma absurda del 2007, determinamos que las campañas internas de todos los partidos empezarían hasta diciembre, y se resolverían hasta febrero. Esto genera una situación donde resulta casi imposible para los candidatos funcionarios sobrevivir sin el cargo. Por ejemplo, si mañana renunciara Lujambio, que siempre ha vivido de sus ingresos como académico, necesita conseguirse ingreso pues de algo tiene que vivir. Además necesita oficina, casa de campaña, equipo, etcétera. ¿Todo esto quién lo paga? Hace mucho sentido que deseen permanecer en el cargo por las razones mencionadas, pero también es lógico que el PRI y otros quieran acusarlos, y que también Creel y Vázquez Mota, a su manera, se quejen de que no está plano el terreno: pues no, no lo está. Creel hizo lo mismo hace cinco años, renunció a Gobernación hasta junio del 2005; y Calderón, implícita e incluso públicamente, le dirigía este mismo reclamo. ¿Qué esperaba Calderón entonces, qué espera Creel ahora? Pero sí se vale poner el tema sobre la mesa pues es producto de la ley aberrante que tenemos. Y también lo es de una situación intrínsecamente difícil de regular, y de un dilema evidente: cómo escindir la personalidad, el día, el tiempo, la inteligencia, la habilidad de alguien en dos: la que dedica a su trabajo en una Secretaría de Estado y la que dedica a la campaña.Es muy complicado y no tiene soluciones evidentes. Me parece que el buen juicio y un cierto sentido de responsabilidad son las mejores brújulas, pero también el mejor antídoto es el costo político. Si el PRI, Creel y Vázquez Mota logran elevarle el costo político a Lujambio, a Cordero o a Lozano por estar en el gabinete mientras hacen campaña, tendrán que renunciar. No porque Calderón ni la ley los obligue, sino porque permanecer se volvería un pasivo político. Parecería entonces que el mejor incentivo para que renuncien antes sería que el costo de no hacerlo se vuelva impagable. Eso depende del PRI, del PRD, de Creel y de Vázquez Mota. El problema, claro, es que en todas partes se cuecen habas, lo que es cierto para Lujambio o Cordero, lo es con creces para Peña Nieto, González y, por supuesto, para Ebrard. Todos ellos en el fondo están haciendo exactamente lo mismo: usando recursos públicos para sus campañas. Mejor entonces, efectivamente que renuncien, pero todos.@JorgeGCastaneda
Sensatez y responsabilidad
