Jorge G. Castañeda
No faltarán quienes piensen que la colocación de Rafael Márquez y Julión en la lista de personas posiblemente involucradas en actividades de narcotráfico y de lavado de dinero constituye una advertencia, amenaza o franco golpe bajo al gobierno de Peña Nieto. Washington escogió el momento para lanzar su torpedo por debajo de la línea de flotación –en la víspera del arranque de las negociaciones del TLC–, el lugar –la embajada de EU en la Ciudad de México– donde recibiría la máxima difusión en el país, y el mensajero –el director de OFAC. Este departamento, y su titular, son quienes manejan los castigos contra todos los países que violan sanciones impuestas a ellos por Estados Unidos, desde Cuba hasta Corea del Norte, e incluyendo hoy a Rusia y a Irán. No se trata de un personaje menor del gobierno norteamericano, que además, se desplazó a la Ciudad de México para hacer su anuncio.
Huelga decir que, si bien la embajada sabía de la distante pero innegable relación de Peña Nieto con Julión, cuando organizó la visita del director de OFAC y convocó a varios columnistas para advertirles del golpe que venía, no tenía conocimiento de la reciente visita de EPN al Cañón del Sumidero en compañía del cantante. Ni que Presidencia subiría y bajaría fotos del Presidente con el presunto narco.
Pero la Embajada sí sabía quién es Rafa Márquez en la psique mexicana y cuántos golpes más a la autoestima nacional puede aguantar este país. Y también conoce a la perfección cuán grande es la debilidad del equipo de gobierno, los enormes retos que enfrenta, y las consecuencias de un deterioro mayor en la confianza, la aprobación y la resiliencia mexicanas. La pregunta no es si un malin génie (Descartes) en Washington urdió todo esto, junto con la captura de Veytia, Yarrington, más los que se acumulen, sino al revés. ¿Por qué no hay nadie en Washington pendiente del derrumbe mexicano y que ponga orden en momentos críticos?
La decisión de OFAC pasa por seis o siete agencias norteamericanas antes de oficializarse, incluyendo a la CIA y al Departamento de Estado. No sé si burocráticamente también requiere de la firma del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, pero en todo caso, el Mexican Desk Officer en la Cancillería estadounidense le informa a su colega en la Presidencia. Es obvio que nadie alzó una señal de alarma sobre si realmente valía la pena armar este escándalo, en este momento, con ramificaciones imprevisibles. El problema con Washington para México es que no hay nadie que mande en el conjunto de temas de la relación bilateral y evite que cada quien se dispare por su cuenta. Los cowboys andan sueltos de nuevo (Remember Camarena); no hay ningún adulto en el cuarto de juegos.
Peor aún: puede ser que en México tampoco. Todo indica que la Secretaría de Hacienda y en particular la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Alberto Bazbaz, trabajaron de la mano con OFAC y los norteamericanos en esta investigación, que duró un buen tiempo. En el gobierno de la “coordinación”, la SHCP no le avisó a Segob o al EMP o a la Oficina de la Presidencia, que venía un ataque contra Julión, amigo del gobernador de Chiapas, próximo anfitrión del Presidente de la República, y artista de selfies. Ni tal vez a la Cancillería, donde los buenos oficios y contactos del titular hubieran podido elevar la decisión sobre Márquez a un nivel político. No se ven los adultos en el cuarto de juegos mexicano.