Jorge G. Castañeda
Resulta difícil saber si la adhesión de México al Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas, anteayer en la ONU, es más una vergüenza o una aberración. Un gobierno que ya va de salida, como el de Peña Nieto, que ha sido objeto de innumerables ofensas por parte del principal convocante de dicho llamado –Donald Trump y Estados Unidos– y que entrega unas cuentas patéticas en materia de violencia, inseguridad y guerra contra el narco, jamás debiera haber firmado semejante aberración.
Cito sólo lo que reprodujo el martes el periódico Reforma: “Reafirmamos nuestra determinación para combatir el problema mundial de las drogas en conformidad con la ley internacional, reconocemos que el problema mundial de las drogas representa retos, incluyendo nuevas drogas sintéticas las cuales nos comprometemos a combatir y contener a través de estrategias basadas en evidencia, y reconocemos los vínculos entre las drogas y el tráfico de éstas: corrupción y otras formas de crimen organizado incluyendo en algunas ocasiones terrorismo.” Según Reforma, “los países se comprometieron a reducir la demanda de drogas, pero también el suministro de las mismas, al detener su producción ya sea a través del cultivo o fabricación y el flujo a través de las fronteras”.
En otras palabras, se trata de un documento 100% prohibicionista o “punitivista”, muy distinto a varios pronunciamientos previos de la ONU, en particular la Sesión Especial de la Asamblea General celebrada en 2016, y también a definiciones de distintos sectores del actual gobierno mexicano y del que viene. Si Peña Nieto pudiera decirle al país que haber seguido la política prohibicionista y coercitiva de su predecesor, Felipe Calderón, trajo buenos resultados, se entendería que se adhiriera a un llamado ciertamente conservador, anacrónico y promovido por un adversario de México. Pero las cuentas de Peña son peores que las de Calderón: más muertos, más delitos, más violencia, mayor fracaso. ¿Qué sentido tiene alinearse nuevamente con las posturas más retrógradas en materia de drogas como lo hizo ayer México? Incluso circulan versiones no confirmadas de que en una presentación ante el Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales –COMEXI– el martes, el expresidente Ernesto Zedillo criticó explícitamente la adhesión del gobierno de Peña Nieto al llamado de Trump.
Si algo nos dice la macabra tragedia de los tráileres de Guadalajara es que resulta cada vez más difícil entender qué puede ser peor que lo que ha padecido México desde hace doce años. Hasta personas críticas de la postura de Calderón y Peña, pero prudentes o miedosas, afirman todavía que si bien esa política fue un fracaso, las cosas hubieran salido peor si se hubiera seguido el camino anterior, en particular el del sexenio de Fox. La pregunta es evidente: ¿Qué puede ser peor que El Pozolero de Tijuana? ¿Qué puede ser peor que los 322 cadáveres ambulantes de Guadalajara? ¿Qué puede ser peor que casi 40 mil desaparecidos? ¿Qué puede ser peor que más de 240 mil muertos en estos doce años? ¿Qué puede ser peor que la ignominiosa imagen de México en el mundo? ¿Qué puede ser peor que las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y sin castigo alguno para sus autores a lo largo ya de estos doce años, de esta verdadera docena trágica?
Se entiende que Peña Nieto quiera quedar bien con Trump en todo, a ver si entre el presidente de Estados Unidos y la Virgen de Guadalupe le rescatan todavía su fotografía del 30 de noviembre firmando el dizque nuevo TLC. Lo que no hemos todavía contabilizado bien es el precio del capricho de este gobierno saliente. No hemos podido todavía realmente evaluar cuántos compromisos ha asumido Peña Nieto en estos últimos meses en materia de drogas, migración y comercio, para lograr un acuerdo que posiblemente será rechazado por el congreso norteamericano el año que entra, y que incluye una serie de convenios o cartas paralelas que aún desconocemos. ¿Vergüenza o aberración?