En un país donde muchas veces impera la pusilanimidad, sobre todo en la clase política, hay que admirar el arrojo de Jorge Castañeda. El ex canciller quiso seguramente todavía quiere ser Presidente de México en la pasada elección federal. Ningún partido lo apoyó, quizá por ser un político tan heterodoxo. Entonces decidió lanzarse como candidato apartidista a la Presidencia con base en su derecho constitucional a ser votado. Pero la ley secundaria sólo permite que los partidos registren candidatos. Por tanto, el IFE le negó el registro. Lejos de achicopalarse, Castañeda procedió a reclamar sus derechos al Poder Judicial. Sin embargo, en una lamentable decisión, la Suprema Corte de Justicia se negó a escuchar su caso aduciendo que, como asunto electoral, le correspondía resolverlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con un “pequeño” problema: un ciudadano común y corriente no puede demandar justicia a este Tribunal. Ergo, la ciudadanía no tiene vehículo judicial para litigar sus derechos político-electorales, como el de ser votado.El ex canciller otra vez no se quedó con los brazos cruzados. Con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, tuvo el arrojo de demandar al Estado mexicano en instancias internacionales. Primero en la Comisión Interamericana y luego en la Corte Interamericana. En días pasados, esta Corte finalmente dictó sentencia. Castañeda perdió en su alegato a favor de las candidaturas apartidistas, lo cual es una mala noticia para todos aquellos, como yo, que están a favor de ellas. La instancia judicial ratificó el monopolio que tienen los partidos de las candidaturas. Sin embargo, Castañeda logró que la Corte Interamericana sentenciara al Estado mexicano por haber violado su derecho a la protección judicial. La consecuencia es que México “debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido”. Además, el Estado deberá publicar la sentencia en el “Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional” y pagarle a Castañeda sus gastos legales. “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro” de la sentencia.Quizá a muchos les desagrade la idea de que una corte internacional instruya a las autoridades soberanas de este país. A mí, por el contrario, me parece excelente que haya instancias externas adonde los ciudadanos puedan acudir a defender sus derechos humanos. Castañeda tuvo el arrojo de demandar al Estado mexicano. En un rubro perdió, pero en otro ganó. Y con ello ganamos todos los ciudadanos que no teníamos acceso a la justicia en materia de derechos político-electorales. México necesita más ciudadanos como Castañeda dispuestos a darse, en sus palabras, “una buena madriza” con el Estado. Yo agregaría el adjetivo legal a lo de la pelea. Fiel a su estilo, el ex canciller ha concluido que “se dice fácil haberle ganado por primera vez en la historia esas cosas al Estado mexicano, pero a ver quién es el otro guapo que lo ha hecho”. Ya veo a muchos poniéndose verdes del coraje por estas presunciones típicas de Castañeda. La realidad es que son irrelevantes. Lo que importa aquí es que un ciudadano dio la pelea legal con el fin de fortalecer a la democracia, y algo ganó en el camino para beneficio de todos los demás. Ojalá en este país hubiera más Castañedas dispuestos a dar estas luchas por sus derechos, incluso en instancias internacionales.