¿SME a cualquier costo?Por Jorge G. CastañedaPeriódico Reforma(12-Nov-2009).- Más allá del éxito o fracaso de las manifestaciones de ayer del SME, lo que importa cada vez más es el litigio jurídico. Como se sabe, una juez de distrito otorgó al SME la suspensión definitiva sobre la terminación de la relación laboral, ahora el gobierno puede apelar al Colegiado e incluso llegar a la Suprema Corte y todo parece sugerir que es en este terreno donde puede desarrollarse el conflicto. Probablemente el meollo del asunto no sea el amparo otorgado ni los recursos del gobierno, sino la hipotética controversia constitucional que pudiera interponer la oposición en el Congreso. Como se sabe, en México los individuos no tienen el camino del amparo contra disposiciones constitucionales, sobre todo en materia política o electoral. Para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo tienen que ceñirse a los requisitos de la propia Constitución, sino a ciertos precedentes jurídicos establecidos por la Corte, como lo invocó antier el ministro Cossío al argumentar que no procedía el recurso de la ALDF ya que no percibía daño alguno para la ALDF, aunque la extinción de LyFC fuera anticonstitucional.La controversia sólo procederá si el PRI se suma al PRD. Y aunque el PRD ha buscado el apoyo del PRI, hasta ahora las bancadas priístas se encuentran divididas y no hay consenso sobre el apoyo al PRD. O tal vez sí hay consenso, mas no sobre LyFC sino sobre la oportunidad que les da esta coyuntura para volver a chantajear al gobierno de Calderón.En efecto, en vista de la imprevisible conducta de la SCJ sobre las lagunas jurídicas mexicanas generadas en los últimos años, el gobierno de Calderón no debe sentirse cómodo ni confiado con la llegada de una acción de inconstitucionalidad a la SCJ. No puede apostarle a un resultado, cualesquiera que sean los méritos del litigio. Nadie duda de que la Corte toma en cuenta consideraciones políticas, pensar lo contrario es pecar de ingenuidad, por tanto suena lógico pensar que Calderón está dispuesto a pagar un elevado precio por evitar que la controversia prospere. Y si el gobierno de Calderón se percata del riesgo y si a un neófito como yo se me ocurre, es muy probable que también lo hayan detectado ya los viejos lobos de mar que aún nadan en las aguas priístas. Es muy factible que los líderes priístas en las Cámaras de diputados y senadores estén analizando el precio del rescate que podrían cobrar al gobierno para no ir con el PRD en la controversia constitucional.Una parte del cobro que el PRI podría solicitar, pues llama la atención la insistencia de los priístas en volver de manera recurrente sobre el tema, es la transferencia del programa Oportunidades -casi 70 mil millones de pesos en 2010- a los gobiernos de los estados. Entidades en su mayoría gobernadas por el PRI, pero también en las que se concentra la pobreza y por tanto los recursos para combatirla: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y tal vez a partir del año que entra Guerrero, y a su manera Chiapas, entre otras.Que el PRI se adueñe de Oportunidades en estados en los que cuenta con mayoría en la legislatura local es oro molido en un año electoral como 2010. Poder disponer libremente de esos recursos sin rendición de cuentas, aunque ello implique destruir un programa exitoso a lo largo de tres sexenios y en diversos países, es un bajo precio a pagar por los priístas para ganar elecciones que les permitan salir y entrar con comodidad a las casas de gobierno de 10 estados. El dilema para el gobierno de Calderón resulta evidente.¿Cuánto está dispuesto a pagar Calderón para ganar todo lo que se propone en el conflicto con el SME? ¿Cualquier precio es aceptable? ¿Se trata de un contencioso político personal del Presidente o de una gesta donde el costo-beneficio es fundamental? Ya veremos. Pero si para evitar la controversia constitucional y la posible derrota en la SCJ el precio es destruir Oportunidades, este comentócrata opina que es muy elevado.
¿SME a cualquier costo?
