Desde hace semanas circula la versión de la supresión del acuerdo que tenía el ICESI, que dirige Luis de la Barreda, con el gobierno federal para generar índices delictivos. Además de la gravedad de derogar así un convenio pactado, este hecho limita la intervención de la sociedad civil en la generación de datos confiables sobre un tema tan complejo como el de la inseguridad en México hoy. No es que el INEGI sea o no confiable; sino que las instancias de gobierno de cualquier signo partidista no destilan la suficiente confianza, como para que la ciudadanía prescinda de información sobre un tema que la afecta directamente. Dos ejemplos pueden servir para ilustrar esta desconfianza, y las razones por las cuales el más el interesado en mantener el acuerdo con el ICESI era el propio gobierno.Al nombrar a José Francisco Blake en Segob, el Presidente, junto con la comentocracia que le es afín, difundieron el documento según el cual Blake había logrado resultados importantes en Baja California y en su ciudad más conflictiva -Tijuana. Por sus éxitos en la lucha contra el crimen organizado, se dijo había disminuido la violencia. Sólo que de acuerdo con la cifra de la Procuraduría de Justicia del Estado esto no es del todo cierto. Durante los primeros seis meses de 2008 el número de homicidios en Tijuana fue de 232, en 2009 subió a 286, y en el 2010 alcanzó 400 (La Crónica de Mexicali, 25/06/2010, http://www.lacronica.com/EdicionEn Linea/Notas/Noticias/25062010/ 454756.aspx). En otras palabras, si nos atenemos a las cifras menos cuestionables, a saber el número de ejecuciones vinculadas al combate al narcotráfico, no sólo no hubo tal éxito sino al contrario, las cosas empeoraron.Pero además el costo de las medidas aplicadas en Tijuana no es menor. Esto es lo que dijo J.M. Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina en su testimonio del 18 de mayo ante el Senado Norteamericano: "En abril de 2010, HRW llevó a cabo una breve misión para recabar datos en Tijuana sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. […] En el transcurso de nuestra visita, encontramos alegatos creíbles sobre el uso sistemático de la tortura por parte del ejército, los cuales incluyen más de 100 casos, desde 2009, sobre individuos que alegan haber sido detenidos arbitrariamente, transportados a bases militares y torturados para obtener confesiones falsas. […] Durante sus detenciones e interrogatorios, las autoridades no avisaron a los familiares de las víctimas que habían sido detenidos. En varios casos, las víctimas alegaron que las autoridades civiles colaboraron en dichos abusos, tales como la policía apoyando al ejército en los arrestos arbitrarios, o miembros de la Procuraduría General del Estado siendo testigos de cuando las víctimas eran forzadas a firmar sus confesiones […]".Otro caso de desconfianza en las cifras oficiales sigue siendo la medición del consumo de droga a partir de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008. En Proceso de esta semana, el artículo "En México, adicción explosiva" cita la encuesta: "Entre los datos que arrojó la ENA destaca que entre 2002 y 2008 México tuvo un crecimiento de 7% en el consumo de todo tipo de estupefacientes". Eso equivale a un crecimiento del 1% al año, mientras que la población creció al 1.02%; en otras palabras, en el peor de los casos el consumo (sin precisar qué entiende Proceso por ello: adicción, prevalencia o incidencia) o no creció o disminuyó ligeramente respecto a la población. Esto muestra la ambigüedad de las cifras y la dificultad de interpretarlas.Son sólo dos ejemplos, pero dudo que sean los únicos. Podemos encontrar el mismo tipo de ambigüedad en el famoso 90% de las ejecuciones atribuidas a luchas entre narcos, o en las supuestas 2,000 armas diarias procedentes de EU, o en la afirmación de que el 80% del total de las armas viene de allá. En vista de toda esta complejidad de las estadísticas ¿realmente es una buena decisión retirar la responsabilidad del índice de delincuencia al ICESI y dárselo al INEGI? www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com