Dentro de un par de semanas aparecerá en la revista norteamericana Foreign Affairs un ensayo mío sobre la hipotética inclusión de nuevos actores o potencias mundiales en los centros de decisión internacionales. En una apretada síntesis, el artículo plantea que el ingreso de países como China, India, Sudáfrica y Brasil a los clubes exclusivos como el Consejo de Seguridad de la ONU (China ya es miembro), el G-8 u otros análogos podría generar una mayor representatividad de estos foros, pero no necesariamente para bien.Sostengo que China, la India, Sudáfrica y Brasil, por ejemplo, no son partidarios del régimen jurídico internacional en construcción desde hace varias décadas en materia de defensa de la democracia, los derechos humanos, la no proliferación, la protección del medio ambiente, de una mayor liberalización del comercio e incluso, en el caso de la India y de China, de la Corte Penal Internacional. Argumento que los países ricos y los menos ricos que han ido construyendo este andamiaje normativo no siempre lo respetan y en ocasiones su hipocresía es insólita: Estados Unidos en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib; pero también Francia e Inglaterra en sus antiguas colonias africanas; e incluso Alemania en los Balcanes. Pero la gran diferencia entre esas potencias y las nuevas es la sociedad civil, cuyo vigor y activismo han establecido en las potencias tradicionales límites a sus excesos, cosa que no sucede con las nuevas. Esto produce ejemplos que menciono como la postura de China en Tíbet, Myanmar y Pakistán; la de la India en Myanmar, Sri Lanka y frente al tema iraní; de Sudáfrica ante la represión en Zimbabwe; y de Brasil respecto a Cuba, Venezuela y ahora de manera flagrante en Irán.El siguiente ejemplo no lo incluí en el ensayo porque no había sucedido, pero es ilustrativo. Como se sabe, Sakineh Mohammadi Ashtiani fue acusada de adulterio y condenada a muerte por lapidación, siguiendo la ley islámica del Sharia en Irán. El mundo ha protestado y es poco probable que la sentencia se ejecute. Pero cuando ciertos sectores de la sociedad civil brasileña y los medios pidieron a Lula que interviniera ante su amigo el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, Lula contestó así: "Las personas tienen leyes. Si comenzáramos a desobedecer las leyes de esas personas para atender los pedidos de los presidentes, de aquí a poco habría un caos. Un presidente de la república no puede estar pegado al Internet atendiendo a todos los pedidos en relación a otro país". A Lula evidentemente no se le ocurre que hay de leyes a leyes, ni que la pena de muerte en cualquier país es reprobable aunque sea legal -sea en Estados Unidos, China, Irán o Cuba- o que hay penas de muerte realmente barbáricas, como la lapidación.La declaración de Lula suscitó tal grado de indignación en Brasil que pronto dio marcha atrás, Lula reconoció: "ninguna mujer debería ser apedreada por engañar a su marido". Y le ofreció asilo a Sakineh Mohammadi Ashtiani, oferta que el gobierno de Teherán decidió declinar, por ahora. Esta actitud de Lula, más estridente y extrema, es de fondo idéntica a su postura ante la muerte de Orlando Zapata y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas en Cuba. Son justamente este tipo de razones por las que estos países no están listos para ingresar al club de los poderes internacionales fácticos.Ojalá pueda suscitarse en estas naciones el debate necesario para despertar y organizar a sus sociedades civiles que ya en el pasado dieron luchas importantes (contra el apartheid en Sudáfrica, la dictadura militar en Brasil o por la independencia en la India) pero que hoy no parecen estar dispuestas a comprometerse con los elementos fundamentales del emergente régimen jurídico internacional. Todo se sigue subordinando a la soberanía, a la no intervención y a la solidaridad con los pueblos del tercer mundo. Tienen todo el derecho de mantener estas posturas, pero entonces que sigan siendo eso: líderes del tercer mundo y no del mundo a secas. www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com