Tres de derechos humanos

El tema de los derechos humanos en México ha vuelto a surgir con fuerza en estos días por tres diferentes hechos, aunque con distintas implicaciones.El primero es el trágico fallecimiento de un padre y su hijo de 15 años en la carretera Monterrey a Nuevo Laredo el domingo pasado. Aparentemente al rebasar un convoy militar y no atender las señales de detenerse exigidas por elementos del Ejército, fue baleado el viejo carro destartalado, repleto de ocho ocupantes, dos de los cuales murieron. El Ejército actuó con mucha más serenidad en este caso que en otros, aceptando su error y pidiendo perdón. Pero no se han aclarado los enigmas derivados de esta tragedia ¿Cuál realmente es el protocolo o "rules of engagement" de las Fuerzas Armadas en su relación con las armas y los posibles sospechosos integrantes del crimen organizado? ¿Se trata de que los soldados sólo disparen cuando les disparan?, ¿o el protocolo en lo hechos es disparar primero y "viriguar" después? Se entiende que en operativos como el de Beltrán Leyva en Cuernavaca no se pueda seguir al pie de la letra el protocolo de sólo abrir fuego después de que lo haga el enemigo. Pero en otros casos como el del retén en Tamaulipas y los niños, la tragedia de esta semana e incluso el de los 25 sicarios muertos en combate, según el Ejército, a 3 kilómetros de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas recientemente, no es evidente qué protocolo se está siguiendo. Estos casos hacen que surja nuevamente la pregunta sobre el fuero militar. ¿Dónde, cómo y por qué deben ser juzgados los soldados que mataron al padre y al hijo? Por el momento será por el fuero militar. Pero México en principio tendría que acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla, y derogar el artículo 57 del Código Penal Militar.Un segundo punto es que México también deberá, en teoría, acatar las exigencias del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, respaldadas por la retención del 15% de financiamiento del apoyo de Estados Unidos a México en materia de narcotráfico, debido al insuficiente avance realizado por el gobierno de Calderón en tres temas concretos: fortalecer a la CNDH, limitar el fuero militar en casos de abuso de civiles y mejorar la comunicación con las ONG de derechos humanos en México. Ya no se trata de una denuncia del Congreso norteamericano, sino una afirmación del mejor aliado del gobierno de México en su guerra contra el narcotráfico. La situación de derechos humanos en México, según este aliado, no está mejorando. Siempre he sido partidario de anclar la democracia y los derechos humanos, en el sentido más amplio de la palabra, en los instrumentos y factores internacionales. Abogué, junto con Mariclaire Acosta y Adolfo Aguilar Zinser, por la inclusión en el TLCAN de una cláusula democrática y de derechos humanos, como posteriormente sí fue incluida en el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea. Por tanto, sería absurdo criticar ahora el acuerdo al que llegaron en Washington, hace dos años, el presidente de la República, PGR, SRE, el Departamento de Estado, el Senado americano y organizaciones como Human Rights Watch para establecer una responsabilidad precisa en este ámbito de la llamada Iniciativa Mérida. Y me congratulo que el Departamento de Estado se haya manifestado esta vez como lo hizo, a diferencia de las ocasiones anteriores. Pero todo esto debe saberse en México y no ser sólo asunto de especialistas.Por último, no puedo dejar de mencionar un tercer elemento de menor importancia, pero de gran alegría, en tanto que soy miembro de la junta de gobierno de Human Rights Watch. El lunes pasado el financiero húngaro-americano George Soros anunció que haría el donativo más grande de su vida a Human Rights Watch: 10 millones de dólares al año durante 10 años, es decir, 100 millones de dólares para defender los derechos humanos en el mundo entero, en América Latina y por supuesto en México. www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com

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