En medio del debate que ha desatado el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que propone la liberación inmediata de Florence Cassez, especialistas en derecho y derechos humanos se pronunciaron a favor del mismo, pues consideraron que éste evidencia la falta de pruebas que existen para incriminar a la ciudadana francesa y las fallas en materia del debido proceso.Miguel Carbonell’Es imposible reponer el proceso’De aprobar el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, Florence Cassez saldría libre y no podría volver a enfrentar un nuevo proceso, pues el proyecto acredita el efecto corruptor del montaje televisivo de su detención, aseguró Miguel Carbonell.El investigador de la UNAM explicó que hay quien opina que la Suprema Corte puede llegar a la conclusión de que se violaron los derechos de Cassez, pero no decretar su libertad sino reponer el procedimiento, lo que significaría empezar desde cero, con una acusación de primera instancia."En los términos del proyecto esto es imposible.En la página 137 de las 145 que tiene, hay una afirmación muy importante.Dice el Ministro Zaldívar: el montaje televisivo, la escenificación ajena a la realidad que se hizo, tuvo un efecto corruptor sobre el conjunto del ordenamiento", señaló.Dijo que el ejemplo que utiliza Zaldívar es el testimonio de un testigo, Leonardo Cortés López, quien se presenta espontáneamente en la SIEDO el mismo día en que las autoridades reconocen el montaje, y dice que viene a reconocer a Cassez como la persona que en ocasiones iba a comprar verdura a su puesto, y afirma que se trata de la misma persona que vio en la televisión como la francesa secuestradora."El Ministro Arturo Zaldívar está acreditando en este párrafo, en esta nota al pie de página, el efecto corruptor del montaje televisivo, sobre el conjunto de los testimonios", señaló.Dijo que si la base probatoria que incrimina a Cassez es débil, precaria y sostenida con alfileres, la reposición del procedimiento no cabe, por ejemplo, para reponer la asistencia consular inmediata, pues ya pasaron 6 años.Jorge Castañeda’Importa resguardo consular’México podría denunciar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para favorecer el proceso contra Florence Cassez, sin embargo, hacerlo significaría dejar desprotegidos a 11 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, advirtió Jorge Castañeda.El ex Canciller argumentó que fue precisamente la Convención de Viena lo que le permitió a México en 2002 demandar a Estados Unidos por el Caso Avena, por el que 52 mexicanos habían sido condenados a la pena de muerte en aquel país, casi todos en Texas."No alegábamos que era gente muy mala: asesinos, violadores, traganiños, lo que ustedes quieran, unas barbaridades sin nombre.Nosotros no estábamos alegando eso."Estábamos alegando como Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que Estados Unidos había violado la Convención de Viena, que esa protección consular hubiera podido cambiar el desenlace y por tanto que se tenía que revisar el caso de cada uno de ellos", apuntó.Afirmó que México podría denunciar la Convención de Viena por considerar que protege a delincuentes extranjeros, sin embargo, dijo que no hay otro país en el mundo al que le interese tanto el tema de la protección consular como a México."El país en el mundo que tiene la mayor proporción de sus nacionales viviendo fuera de sus fronteras es México, estamos como el 11 por ciento.Si hay un país al que le importa la protección consular es a México."Ningún país tiene 50 consulados en otro país para protegerlos, que es lo que nosotros tenemos.Entonces, si denunciamos la Convención de Viena, colocamos en situación de víctimas a 11 millones de mexicanos", refirió.Ana Laura Magaloni’Sistema que nos amenaza’Las fallas en el debido proceso en el caso de Florence Cassez ponen en evidencia a un sistema de justicia que amenaza a todos los habitantes del País, aseguró Ana Laura Magaloni."Lo que más nos amenaza es un sistema que puede hacer lo que sea: fabricar culpables, esconder evidencia, aparecer otra nueva, encontrar un testigo y meterlo ahí. No saben cuántas veces pasa eso."Esas prácticas son las ordinarias, eso nos amenaza, porque nunca vamos a tener la certeza si los que están en la cárcel son los culpables, si estamos dejando a los culpables fuera, si se hizo justicia. Si la víctima tiene una buena historia de la cual creer y si el acusado tuvo por lo menos la capacidad de contar su historia y de poner una defensa que contraponga a la del Ministerio Público", indicó.La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas destacó que el caso de Cassez no es excepcional en la justicia mexicana y advirtió que sí éste ha llegado a la SCJN, es porque sucede lo que en otros casos, como los de las indígenas de Querétaro, Teresa y Alberta, quien no encuentran jueces que las protejan más abajo."Cassez solamente nos pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro sistema", refirió.En ese sentido, sostuvo que la ventanilla de la Suprema Corte significa la posibilidad de establecer nuevas formas de razonar el derecho y de concebir el papel de los jueces como árbitros imparciales y cuidar la presunción de inocencia.Además de los problemas que persisten en las instituciones de procuración y administración de justicia, sino en la sociedad, a quien dijo, no le interesa la justicia.Magaloni consideró que la SCJN tiene todos los elementos para fallar a favor de Cassez.Luis González Plascencia y Eduardo Gallo’Ni el MP ni juez hicieron su trabajo’Las cuestiones procesales son la sustancia misma de la protección a los derechos humanos, afirmó el Ombudsman capitalino, Luis González Plascencia."Estos elementos procesales, estos tecnicismos que se han criticado mucho del proyecto del Ministro Zaldívar, constituyen la sustancia misma de la posibilidad de proteger los derechos humanos de una persona", señaló.Dijo que es importante analizar cuidadosamente el proyecto de Zaldívar, pues lleva a cuestionar la participación de Cassez en los hechos.Advirtió que es un falso debate señalar que la protección de los derechos de los imputados cancela la de los derechos de las víctimas, pues ambos se defienden a través del debido proceso, y en ese sentido, dijo que el proyecto de Zaldívar demuestra que ni el Ministerio Público ni el juez hicieron su trabajo, es decir, cumplir con el debido proceso."Lo que se busca con el debido proceso es que unos y otros derechos queden salvaguardados", mencionó.En tanto, el activista Eduardo Gallo señaló que no hay pruebas suficientes contra Cassez, y que en su carácter de padre de una víctima de secuestro, las víctimas lo que quieren es justicia."Queremos que se detenga a los culpables, que se les sancione. Queremos que la autoridad responsable de ese trabajo lo haga a conciencia. Que aquél que violo los derechos de vivir de un ser amado como puede ser una hija lo pague con todo el peso de la ley, y eso es lo que a mí me mueve estar en este caso, me mueve que mi hija me enseñó que (es) el camino de la justicia, no el camino de la venganza", declaró. Luis de la Barreda e Ignacio Morales Lechuga’No se acredita su culpabilidad’Si se excluyen las faltas al debido proceso, incluido el montaje televisivo, y únicamente se tomara en cuenta los testimonios de las víctimas de secuestro, éstos no serían suficientes para acreditar la culpabilidad de Cassez, advirtió Luis de la Barreda.El abogado cuestionó que dos de las víctimas dijeron en su primera declaración que no reconocían a Cassez, ni por su apariencia física ni por su voz, y que una de ellas, Christian Ramírez dijo que un hombre le extrajo sangre, versión que después cambió, señalando que quien le había sacado sangre era una mujer de origen extranjero.En tanto, la víctima Cristina Ríos negó en su primera declaración reconocer a Cassez, y la identificó hasta dos meses después."Necesariamente está mintiendo en alguna de las dos versiones", afirmó.Dijo que la tercera víctima, Ezequiel Elizalde, tenía huellas de maltrato cuando fue rescatado, y declaró que fue Cassez quien lo inyectó para anestesiarlo, pues reconoció un mechón de su cabello que le salía del pasamontañas que le cubría el rostro.En tanto, Ignacio Morales Lechuga, dijo estar indignado por lo que el Estado mexicano le ha hecho a Cassez, pues no existe sustento ni pruebas en su contra, y la investigación del Ministerio Público no fue exhaustiva, por ejemplo, para investigar el vínculo que existía entre la familia de una de las víctimas de secuestro, Ezequiel Elizalde, y los secuestradores, pues hay indicios de que había una relación.Destacó que consignar inocentes lo único que hace es incrementar la impunidad que prevalece en México.
Apoyan a Cassez; piden su liberación
