A menos de que haya alguna sorpresa hoy, mañana viernes Luis Moreno Ocampo, el primer Fiscal de la Corte Penal Internacional concluirá su mandato sin haber dado carpetazo a la petición de sectores mexicanos de realizar un análisis preliminar sobre la situación de los derechos humanos en México. Las implicaciones son menores, pero interesantes para la evolución del juicio político y jurídico internacional sobre la guerra del narco de Felipe Calderón.Desde que un amplio grupo (se dice más de 25 mil) de mexicanos afines al PRD y a López Obrador presentaron una petición, en noviembre pasado, a la CPI solicitando dicho análisis, se ha desarrollado un juego de espejos, engaños, entuertos y enjuagues entre el gobierno de México y sus asesores, Moreno y sus asesores españoles, y diversas ONG internacionales de derechos humanos. El gobierno de México buscó afanosamente que Moreno rechazara la petición antes de irse por varios motivos: por considerar que no procedía jurídicamente (en lo cual probablemente tenga razón, al menos sobre el juicio a Calderón, aunque no necesariamente sobre el análisis preliminar); para evitar a toda costa las consecuencias políticas de que se abriera el análisis antes de las elecciones; y porque pensaba que era más fácil tratar con el argentino que con quien lo sucediera. Así, viajaron delegaciones mexicanas a La Haya y a Nueva York, y enviados de Moreno a México para buscar un acuerdo.Moreno ha buscado que en estos casos la apertura de un análisis preliminar se asocie a un mecanismo de supervisión continua ("ongoing") sobre la situación de derechos humanos. En México, obviamente, a propósito de la guerra contra el narco, Moreno también ha ido construyendo un futuro personal después de la CPI: desde la creación de un instituto de estudio sobre las drogas en América Latina hasta la corrupción en la FIFA, pasando por dar cursos y asesorías a diversos gobiernos, sobre todo en América Latina. Resulta lógico pensar que en algún momento ciertos sectores del gobierno de México hubieran podido creer que de haber logrado un acuerdo con Moreno, éste podía esperar asociaciones interesantes y hasta lucrativas en México.De acuerdo con las reglas de la CPI los términos de la petición presentada por los críticos de Calderón no es compartida con el gobierno, sino que sólo recibe un resumen. Por ello ni el gobierno ni sus asesores saben bien a bien qué contiene, y hasta hace muy pocos días pudieron presentar en NY su respuesta al resumen entregado por los peticionarios. El problema es que hasta hoy, a pesar de las esperanzas que abrigaban altos funcionarios mexicanos de que el carpetazo se diera, todo sugiere que no fue así. Varias ONG, como La Fédération Internationale des Droits de l’Homme de París, entregaron información confidencial a la oficina del fiscal que sería pertinente para su decisión sobre si los crímenes de que se acusa a Calderón caben en la jurisdicción de la Corte. El propósito no era tanto pedir una investigación, como demostrar que hay pruebas suficientes de abusos generalizados y sistemáticos que ameritaran un estudio cuidadoso, y que un carpetazo antes de que Moreno dejara la fiscalía sería inaceptable. Todo parece indicar que la presión de las ONG tuvo éxito.Hay quienes creen que todo esto fue una gran farsa y que Moreno simplemente le tomó el pelo a Calderón y a sus colaboradores: les prometió todo, les sacó mucho y no les dio nada. Ahora, varios funcionarios mexicanos alegan que les irá mejor con Fatou Bensouda, la mujer de Gambia que sucederá a Moreno Ocampo, porque se trata de una abogada menos protagónica y proclive al tipo de acciones por las que fue conocido Moreno. Pero quizás ocurra lo contrario: ante la necesidad de "desafricanizar" a la CPI, la nueva fiscal busque un caso latinoamericano emblemático para lograr un equilibrio, o para "taparle el ojo al macho". Ya veremos, pero salvo si sucede algo, ya no al cuarto sino a las doce, no hubo carpetazo.
Sin carpetazo en la CPI
