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México puede arreglar el lío migratorio en EU

La Administración Obama proclamó la doctrina de "responsabilidad compartida" en el combate al narcotráfico; es tiempo de ver si ese sentido de intereses mutuos puede traer resultados en inmigración Todo el mundo, al parecer, está rehaciendo el sistema migratorio de Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes tienen sus respectivos grupos de ocho líderes; organismos laborales y empresariales tienen sus conversaciones; y la Casa Blanca tiene su opinión, junto con docenas de cabilderos y grupos de activistas.Pero hay un jugador crucial que falta en ese esfuerzo: México. Ninguna reforma puede ser creada o implementada con éxito sin la participación dispuesta del público y gobierno mexicanos, entonces, ¿por qué no involucrarlos desde el principio?Ese involucramiento necesita comenzar el 2 de mayo, cuando el presidente Barack Obama visite al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y debe empezar con el hecho de que Obama admita lo obvio: que él necesita ayuda. Y Peña Nieto debe responder positivamente, no haciendo lo que Obama quiera, pero sí explicando por qué una reforma adecuada en Estados Unidos beneficiará a México, y, al beneficiar a México, le beneficiará a Estados Unidos.Aunque aún siguen sin resolverse muchos elementos de la iniciativa de ley de inmigración, tres objetivos son esenciales: legalizar la actual población de migrantes no autorizados, crear un sistema eficaz de impartición de justicia que impida la inmigración ilegal recurrente y canalizar los flujos futuros a través de programas de migración temporal y permanente. Ninguno de estos objetivos puede lograrse -mucho menos los tres a la vez- sin comprometer a México como un socio completo.Aproximadamente 12 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos. Representan el 30 por ciento de la población nacida en el extranjero. No se van a ir. Más bien, sus cifras aumentarán.A pesar de una caída predecible durante la Gran Recesión, el mercado laboral de Estados Unidos no ha perdido su apetito por trabajadores mexicanos. Incluso con una economía tibia, podemos esperar un flujo neto total que promedie 260 mil personas, tanto legales como ilegales, cada año hasta el 2017, de acuerdo con un reciente estudio del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y el Instituto de Política Migratoria. Eso representa casi un regreso al nivel de pre-recesión de 280 mil migrantes al año. Y el estudio concluyó que si la economía estadounidense se enciende, particularmente en el sector de la construcción, el flujo neto estimado podría llegar a 330 mil al año antes de que termine la década.Además, la población ilegal ha demostrado ser notablemente resistente. Desde que Obama asumió el cargo en 2009, más de 1.2 millones de personas han sido sacadas del país, pero recién llegados han tomado su lugar. Pese a las deportaciones y a números récord de agentes de la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional estima que el número de inmigrantes ilegales que vive en Estados Unidos se ha mantenido igual -unos 11.5 millones- durante los últimos tres años. Aproximadamente el 60 por ciento de ellos procedentes de México.La última vez que Washington intentó un programa de legalización, en 1986, el Congreso limitó la elegibilidad a residentes de largo tiempo y trabajadores agrícolas, y el proceso de solicitud era una carrera de obstáculos. Como resultado, sólo aproximadamente la mitad de la población no autorizada recibía el estatus de residentes legales.Para tener éxito esta vez, toda la población ilegal -menos los criminales peligrosos- debe ser elegible y todos deben ser cobijados bajo el mismo manto legal tan rápido como sea posible.El Congreso puede requerir un largo y difícil camino hacia la ciudadanía final con pruebas de idioma, revisión de antecedentes y requisitos de empleo en diversas etapas del trayecto. Eso no es problema. La primera etapa, sin embargo, es crítica. Idealmente, los 11.5 millones de personas saldrían de las sombras y se presentarían ante autoridades del gobierno para que el proceso pueda iniciar de manera expedita. En vista del número de personas involucradas, ésa no sería una empresa pequeña. El gobierno federal necesitará ayuda de muchas partes, incluyendo de México.Los inmigrantes ilegales estarían motivados a participar si estuvieran protegidos contra la deportación. Obtener derechos civiles básicos, el acceso a crédito y la habilidad para ver a un empleador a los ojos es lo que más desean, y el proceso debe brindarles eso de inmediato. Inevitablemente, habría que superar obstáculos, tales como presentar documentos de identificación, demostrar la residencia y empleo, y tener dinero para cubrir los honorarios. Eso es más difícil de lo que suena si se piensa en que llegan a este país sólo con la ropa que llevan puesta y luego viven de manera clandestina durante años. El proceso debe ayudar a los inmigrantes a superar esos obstáculos o, si no, muchos potenciales solicitantes serán descalificados, desalentados o, peor aún, recurrirán a documentos falsos.Un esfuerzo exitoso de legalización requerirá movilizar organizaciones en las que confían los inmigrantes, tales como sus organizaciones comunitarias e iglesias, pero también la red de 50 consulados mexicanos alrededor del país. Sólo un esfuerzo concertado por parte de múltiples entidades mexicanas puede asegurar que los solicitantes tengan los documentos, información y asesoría legal necesarios.La cooperación de México también será esencial para prevenir un resurgimiento de la inmigración ilegal al otro lado de nuestra frontera compartida. Estados Unidos ha más que duplicado el tamaño de la Patrulla Fronteriza durante la última década y ha construido cientos de kilómetros de bardas, pero aún no puede declarar que la frontera está segura. Ya es hora de comprometer a México más a fondo. Se han desarrollado algunos esfuerzos exitosos en la procuración de justicia inter-fronteriza en lo que respecta a reducir el flujo de drogas y armas y se podrían extender al tráfico de humanos. En el contexto de una reforma amplia que cree canales legales robustos para la migración mexicana, el gobierno mexicano también podría empezar a hacer cumplir sus leyes contra los viajes sin documentos apropiados.Algunos de los retos más grandes para el control de inmigración estadounidense yacen aún más lejos, en la frontera sur de México. Más de 1.5 millones de inmigrantes ilegales de El Salvador, Honduras y Guatemala viven en Estados Unidos. Según todas las indicaciones, el flujo a través de México hacia Estados Unidos se incrementa a medida que esos países experimentan una terrible combinación de violencia criminal, estancamiento económico y gobierno ineficaz.México es necesario también para el tercer elemento de la reforma migratoria. Estados Unidos debe emprender tanto la legalización de la población actual de inmigrantes ilegales como las nuevas medidas de impartición de justicia migratoria en la frontera y en el lugar de trabajo, pero nada de esto puede ser eficaz a largo plazo sin los adecuados canales legales para el manejo de la migración futura. La mejor manera de poner fin a la inmigración ilegal es volverla legal.La migración entre México y Estados Unidos se construye sobre redes familiares y lazos del mercado laboral que son profundos, duraderos y eficientes. La era actual de migración mexicana se desarrolló en los 70, cobró ímpetu en los 80, aumentó en los 90 y se mantuvo estrechamente entrelazada con la economía estadounidense en el nuevo milenio. Esta migración tiene ahora un ancla inamovible en el hecho de que 3.8 millones de migrantes mexicanos, aproximadamente una tercera parte del total, son ciudadanos estadounidenses, y 10 mil más prestan juramento como ciudadanos cada año, el doble de cualquier otro país. Son estadounidenses totalmente, pero, al igual que muchos inmigrantes antes que ellos, conservan estrechos lazos con familias y comunidades en su país de origen, viajando, enviando remesas y haciendo negocios.Manejar una migración bien establecida de esta clase requiere varios tipos de programas de admisiones, algunos a corto plazo y algunos permanentes, algunos centrados en el empleo; otros, en la familia; la mezcla necesitará evolucionar. La cooperación de México será esencial para un programa temporal de cualquier tamaño significativo. Los trabajadores deberán ser investigados y contratados en México antes de partir, y México deberá asegurarse de que haya incentivos financieros y de empleo para que regresen.Poco tiempo después de asumir el cargo, la Administración Obama proclamó la doctrina de "responsabilidad compartida" en el combate al narcotráfico; esta noción se ha convertido en la piedra angular para la cooperación en políticas de seguridad entre Estados Unidos y México. Ahora es tiempo de ver si ese sentido de obligaciones e intereses mutuos puede traer resultados en cuanto a inmigración.La última vez que los presidentes de estas dos naciones hablaron seriamente sobre la inmigración fue en 2001, cuando George W. Bush y Vicente Fox intentaron negociar un amplio acuerdo bilateral en el que los gobiernos administrarían conjuntamente programas migratorios. Los ataques terroristas del 11 de septiembre descarrilaron la negociación de un acuerdo especial para México, y no hay necesidad de regresar a la noción. En lugar de ello, Obama simplemente necesita reconocer que cuando se trata de políticas migratorias estadounidenses, ahí está México representando la mayor parte del flujo -y luego están todos los demás países que producen sólo fracciones. El mandatario no necesita comprometer ningún interés estadounidense para aceptar el hecho de que México es especial. Y México tiene que aceptar que, para Estados Unidos, el tema migratorio es altamente sensible y polarizante, y es también un capítulo de la relación bilateral donde México tendrá que poner de su parte. Y cuando Obama se reúna con Peña Nieto, simplemente necesita reconocer que Estados Unidos no puede resolver sus problemas de inmigración sin la ayuda de México.Roberto Suro es director del Instituto de Política Tomas Rivera y profesor de políticas públicas en la Universidad del Sur de California. Jorge G. Castañeda, ex Ministro de Relaciones Exteriores de México del 2000 al 2003, es profesor de política y estudios latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.Tomado del Washington Post.

14 abril, 2013

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Partidos derrotados: comienza la introspección

#Amarres | Este lunes en EL FINANCIERO escribo "Partidos derrotados: comienza la introspección" 👇

Jorge G. Castañeda escribe que, por múltiples razones, el Frente no se 'desempanizó', sino que el PRD y MC no pudieron/supieron/quisieron imponerse como iguales.

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