Four Marijuana Moments/Cuatro momentos marihuana

CIUDAD DE MÉXICO.– A lo largo de las últimas semanas, hemos asistido en América Latina y los Estados Unidos a una serie de lo que podríamos denominar “momentos marihuana”. Son señales de avance hacia la despenalización y la legalización que no deberían pasar inadvertidas, ya que se producen en el contexto de un apoyo cada vez mayor a la idea de poner fin a décadas de una insensata y sangrienta “guerra contra las drogas”.El primer momento tuvo lugar durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada a inicios de junio de este año en Antigua (Guatemala). El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un informe titulado “El problema de las drogas en las Américas”, que había sido pedido por los jefes de Estado de la región en la última Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia.El informe, elaborado por expertos de casi todos los Estados miembros de la OEA, se divide en dos partes: una excelente sección analítica y un conciso (y algo exasperante) capítulo dedicado a explorar escenarios futuros. El documento es un hito en sí mismo, ya que brinda los datos necesarios para una discusión científica y empírica de una cuestión que demasiadas veces se debate en términos ideológicos.Se hace en él un análisis pormenorizado de la cuestión: por países (productores, de tránsito, consumidores o mixtos), por sustancias (marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas), por nexos entre sustancias ilícitas y por las consecuencias del consumo, la producción o el comercio de cada droga sobre las sociedades, las instituciones y las relaciones internacionales. El informe también presenta explícitamente la despenalización del consumo de marihuana como una opción legítima, razonable y factible (aunque no la recomienda). Es sólo un primer paso, pero un paso enorme.El segundo “momento marihuana” se dio en Estados Unidos, donde los estados de Washington y Colorado, a raíz de sendas consultas populares celebradas el pasado noviembre, entraron en la recta final hacia la legalización total de la marihuana.Ambos estados acaban de publicar los reglamentos que darán fuerza legal a dichos referendos, y que contemplan temas como la prohibición del consumo por parte de menores, el castigo a quienes conduzcan vehículos bajo los efectos de la droga, los tipos y tasas de impuestos aplicables y el trato que se les dará a los no residentes, entre otras cuestiones difíciles y controvertidas. Al ser los pioneros en este tipo de legislación en los Estados Unidos, es inevitable que ambos estados deban proceder por prueba y error.Tal vez el aspecto más interesante y llamativo en este proceso sea la elocuente indiferencia del presidente Barack Obama en relación con todo el asunto. Al menos hasta ahora, se ha negado a terciar en la discusión respecto de si la legislación federal debería tener prioridad sobre las leyes estatales; dijo que tiene “asuntos más importantes que atender”.El tercer “momento marihuana” surge de los últimos avances registrados en los estados de Nueva York e Illinois (tercer y quinto estados más poblados del país, respectivamente) en dirección a la legalización del uso médico de la marihuana. En mayo, la legislatura de Illinois aprobó un proyecto de ley, sumamente restrictivo en relación con el uso terapéutico de la marihuana, al que todavía le falta la firma del gobernador (quien no ha decidido si lo vetará). Poco después, la Asamblea del Estado de Nueva York también sancionó un estricto proyecto de ley sobre el mismo tema, que aún debe pasar por la instancia de aprobación del Senado estatal. Si Nueva York e Illinois siguen por este camino, se convertirán en el decimonoveno y el vigésimo de los 50 estados de la Unión que, junto con el Distrito de Columbia, permiten el uso médico de la marihuana.Por último, a principios de este mes, Human Rights Watch (la ONG internacional con sede en Estados Unidos) adoptó formalmente una postura favorable a la despenalización total de la posesión y el consumo de drogas y la adopción de un enfoque radicalmente diferente para la cuestión. Más importante aún, invoca para ello criterios basados en los derechos humanos. Vale la pena copiar textualmente la declaración de HRW:“Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad.”Ninguno de estos últimos avances bastará por sí solo para producir la despenalización. El margen de acción de los gobiernos aún está acotado por diversas convenciones internacionales; por su parte, el gobierno de Estados Unidos todavía se rehúsa a abandonar la estrategia punitiva y prohibicionista que mantiene desde 1981; y ni siquiera los gobiernos latinoamericanos más audaces (como los de Colombia, Uruguay y Guatemala) se atreven a hacer demasiados avances, por temor a quedar aislados.Mientras tanto, hay presidentes como Dilma Rousseff (de Brasil), Enrique Peña Nieto (de México) y Cristina Fernández de Kirchner (de Argentina) que siguen aferrados a posturas ortodoxas, conservadoras y anacrónicas, y no se moverán de ellas hasta que la opinión pública no les deje alternativa. Sin embargo, algo está pasando en el hemisferio. Los “momentos marihuana” son cada vez más frecuentes. ¿Estaremos cerca de un hito histórico?El autor es exministro de asuntos exteriores de MéxicoMEXICO CITY – The first moment took place during the Organization of American States’ annual General Assembly, held this year in Antigua, Guatemala, at the beginning of June. The OAS Secretary General, José Miguel Insulza, presented a report entitled “The Drug Problem in the Americas,” which had been requested by the region’s heads of state when they met at last year’s Summit of the Americas in Cartagena, Colombia.The report was drawn up by experts from almost all OAS member states, and was divided into two parts: an excellent analytical section, and a brief and somewhat exasperating chapter devoted to future scenarios. The document itself represents a watershed, because it provides the data needed for a scientific and empirical discussion of an issue that is too often debated in ideological terms.The report breaks down the issue in a compelling way: by countries (producers, transit states, consumers, or all of these); by substances (marijuana, cocaine, heroin, and synthetic drugs); by links among these illicit substances; and by the consequences of consumption, production, or trade of each drug for societies, institutions, and international relations. The report also states explicitly that decriminalization of marijuana consumption is a legitimate, reasonable, and feasible option, though it does not recommend such a policy. This is only an initial step, but it is an enormous one.The second “marijuana moment” occurred in the US, where the states of Washington and Colorado have entered the final stages of fully legalizing marijuana usage, following popular referenda last November. Both states have just concluded the drafting and publication of the rules and regulations that will translate their referendum results into law: how to forbid consumption by minors; how to punish consumers driving under the influence; what kind of taxes and tax rates are most appropriate; and how non-residents will be treated, among other complicated and controversial issues. As legal pioneers in the US, both states will have to proceed by trial and error.But perhaps the most interesting and intriguing facet of this process is President Barack Obama’s eloquent indifference to the entire affair. So far, at least, he has refused to intercede in the discussion of whether federal law should trump state legislation, having said that he has “bigger fish to fry.”The third “marijuana moment” stems from recent decisions in New York and Illinois – the third and fifth most populous US states, respectively – to proceed with legalizing medical marijuana. In May, the Illinois legislature passed a highly restrictive bill governing marijuana use for therapeutic purposes, which the governor has not yet decided whether to sign. Soon after, the New York State Assembly passed a strict bill on medical marijuana, which the State Senate has yet to vote on. If New York and Illinois move forward, they will become the 19th and 20th of the 50 US states that, together with the District of Columbia, permit medical use of marijuana.Finally, earlier this month, the US-based international NGO Human Rights Watch formally adopted a stance that rejects criminalization of possession and consumption of all drugs and calls for a radically different approach. Most important, HRW did so from a human-rights perspective, and its statement is worth quoting:“Subjecting people to criminal sanctions for the personal use of drugs, or for possession of drugs for personal use, infringes on their autonomy and right to privacy. The right to privacy is broadly recognized under international law, including in the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights. Limitations on autonomy and privacy cannot be justified unless they meet the criteria for any restriction of a basic right, namely legitimate purpose, proportionality, necessity, and non-discrimination. While protecting health is a legitimate government purpose, criminalizing drug use to protect people from harming themselves does not meet the criteria of necessity or proportionality.”None of these recent developments will lead, on its own, to decriminalization. International conventions still limit governments’ leeway, and the US government remains opposed to any backtracking from the punitive, prohibitionist strategy that it has pursued since 1981. Even the boldest Latin American governments – including those in Colombia, Uruguay, and Guatemala – are reluctant to advance much further, especially if they remain isolated.And presidents like Brazil’s Dilma Rousseff, Mexico’s Enrique Peña Nieto, and Argentina’s Cristina Fernández de Kirchner are sticking to their orthodox, conservative, and anachronistic stances, unwilling to budge until public opinion leaves them no other choice. Yet something is stirring in the hemisphere; as its “marijuana moments” arrive with greater frequency, can a milestone be far off?