Comparto los argumentos sobre la necesidad de anular el registro al Partido Verde por violaciones a la legislación electoral. Quizá la mejor manera de lograrlo no sea a través de firmas o recursos interpuestos por los partidos ante las autoridades electorales; pienso que la fuerza del PRI y del gobierno harán imposible que esto suceda. La razón es que el Verde viola significativamente la legislación; las multas no merman su capacidad de hacer campaña; como lo dijo Paco Calderón, el Verde conseguirá votos para mantener su registro gracias a los delitos electorales por los que ha sido multado.
Discrepo del argumento simplista y engañoso de que quien debe quitar el registro a un partido de ese tipo son los votantes en las urnas. Si comete tantas infracciones a la ley, si apela a lo peor del resentimiento e ingenuidad de la sociedad, los electores lo castigarán.
En muchos países democráticos hay una distinción entre las formas aceptables de buscar votos y las que no lo son. No todas valen. En países europeos, el discurso del odio antisemita o xenófobo está prohibido. En otros, la incitación a la violencia, el no reconocimiento de las instituciones democráticas o el propósito explícito de destruirlas son causales para prohibir la participación electoral.
En México hemos construido un andamiaje legal y electoral complicado, y casi absurdo. Si alguien busca votos recurriendo a prácticas prohibidas por ese andamiaje debe ser castigado por la autoridad antes de llegar a las urnas. En esto, el argumento de Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma es impecable.
Conviene reflexionar sobre instrumentos alternativos para castigar al Verde. Es más factible. Hay locutores, actores, encuestadores, comentaristas, diputados, consejeros del INE, magistrados del Tribunal Federal que apoyan al Verde. Podrían ser estigmatizados por el resto de la sociedad, los partidos políticos, los medios y la sociedad civil organizada, negándoles contratos, apoyos o cualquier relación “normal”. El estigma social no bastará para los más cínicos, pero sí puede ser suficiente para quienes lo son menos. Muchos aceptarían esta conducta y esta penalidad si se tratara de un partido abiertamente antisemita, racista, anticlerical o fascista: castigar a sus amigos y adeptos, si no se puede penalizar a la institución misma, ¿por qué no con el Verde? Que en muchos aspectos le hace el mismo daño a la sociedad que el que harían estos otros grupos hipotéticos.