Artículos, Milenio

S&P, DH y corrupción

Jorge Castañeda

La decisión de Standard & Poor’s de cambiar de estable a negativa la perspectiva de la nota crediticia de México no es un golpe demoledor a las finanzas del país, pero sí es un dato desalentador. Lo interesante es el párrafo central en el comunicado de S&P sobre los riesgos y dificultades para la economía mexicana en los meses venideros.

Dice: “La debilidad en la gobernabilidad, que en parte refleja un débil Estado de Derecho y percepciones de corrupción, limitan el beneficio de las reformas, especialmente limitando las inversiones”. En esas condiciones, la economía difícilmente puede crecer, y de no crecer, las empresas mexicanas que se cotizan en la bolsa de NY o el papel mexicano que se emite en los mercados internacionales pueden encerrar un riesgo ligeramente superior que antes.

El tema esencial es algo que hemos repetido en estas páginas. Las violaciones a los derechos humanos, los escándalos de corrupción y la falta de seguridad jurídica para las inversiones, los contratos, las transacciones, no es solo un reto abstracto académico, sino que tiene repercusiones directas para la sociedad. Reitero lo que ya se dicho: México crece en promedio un 2.5% anual, con una tasa de inversión sobre PIB de 20-21%. Para crecer a 4.5-5%, todo parece indicar que tendríamos que invertir 26 o 27% al año. Esa inversión adicional, dada la astringencia de las finanzas públicas, solo puede proceder del sector privado, nacional o extranjero. Y como el sector privado mexicano tiene reticencias para invertir en el país y cada vez más orienta sus actividades hacia el exterior, una parte importante de ese incremento en la inversión privada tendrá que venir de fuera.

Sin embargo, para que venga de fuera, tienen que estar tranquilos los inversionistas potenciales de que efectivamente hay seguridad jurídica para sus transacciones. Deben confiar en que hay límites a la corrupción, que las violaciones a los derechos humanos no los afecta en su seguridad personal. Y deben creer que el estado de derecho en su conjunto funciona para empresas que no tienen los recursos de las compañías gigantescas que están presentes en México desde hace más de un siglo.

En otras palabras: estado de derecho = mayor inversión = mayor empleo = mayores salarios. Contra esa ecuación no hay mucho que hacer. Tomando en cuenta que en los últimos 15 años la inversión extranjera directa en proporción del PIB se ha mantenido en 2%, el reto es obvio: duplicarla en el mediano plazo. Conocemos las condiciones indispensables para lograrlo: seguridad jurídica, menos corrupción y respeto a los derechos humanos.

25 agosto, 2016

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