Jorge G. Castañeda
Cuauhtémoc Cárdenas es un icono de la democracia en México. Hemos tenido muchos acuerdos y algunos desencuentros, siempre en un marco de respeto y afecto. En ese contexto van estas líneas.
Su texto del sábado en La Jornada sobre la posición de México ante Venezuela contiene varias imprecisiones que me parecen incompatibles con otras posiciones que ha manifestado a propósito de otros países, incluyendo el nuestro, y sobre todo, omisas en relación a los acontecimientos de ayer en aquel país. Las resumo, reconociendo que, en efecto, puede uno pensar que asociar a México a las sanciones impuestas por EU a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y/o corrupción no es la mejor manera de defender la democracia en Venezuela. La postura mexicana ha vuelto a ser congruente: defender la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en Venezuela como lo haría en cualquier otro país, incluyendo México.
El primer error de Cárdenas, y de los intelectuales que firman un manifiesto análogo en el mismo periódico, es considerar que una postura de esta naturaleza rompe con la tradición de política exterior mexicana. Al contrario. México, desde los años 70, ha adoptado actitudes de severa crítica a gobiernos dictatoriales, racistas o agresivos. Lo hizo con Chile después del golpe de Estado de Pinochet. Lo hizo cuando rompió relaciones con la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1979, ayudando abiertamente al Frente Sandinista en su lucha contra el genocida. México invocó muchos principios para justificar sus actos, pero claramente tomó partido: a favor de las fuerzas opositoras a la dictadura. Durante varias décadas se opuso al régimen del apartheid en Sudáfrica, y votó a favor de sanciones en la ONU. Ni qué decir de la Declaración Franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, cuando le reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el carácter de fuerza política representativa. La diferencia con Cárdenas y sus colegas puede ser que ellos consideran que, en los casos que acabo de mencionar, se trataba de auténticas dictaduras mientras en Venezuela (y Cuba) se trata de regímenes que no pueden ser considerados como tales.
Segunda imprecisión: México, junto con otros países desde hace varias décadas, ha considerado que el principio de no intervención debe subordinarse a otros principios de valor jurídico universal, como el respeto a los derechos humanos, la defensa colectiva de la democracia, la paz y la seguridad mundiales y el combate a ciertos regímenes especialmente odiosos.
Tercera imprecisión: Cárdenas parece pensar que la única razón por la cual México adoptaría una postura crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la represión, al golpe de Estado que significa la elección de la Asamblea Constituyente, es por alinearse con EU. Que no existen intereses mexicanos propios para adoptar estas posturas. Falso. Primero, porque México ha suscrito –con Venezuela– una gran cantidad de instrumentos jurídicos regionales e internacionales sobre los cuales descansa su postura actual: la Carta de Bogotá, el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo la Carta Democrática Interamericana. Estos documentos nos obligan a las posiciones que hemos adoptado; no hacerlo equivale a traicionar esos instrumentos o la adhesión de México a los mismos. La Carta Democrática Interamericana en particular es muy específica. La violación de normas constitucionales en cualquier país de América Latina debe detonar un mecanismo de censura y sanciones contra el país que así procede.
Cuarto error: Venezuela no tiene por qué plegarse a los designios del imperio o de México o de cualquier otro país. Falso. Tiene que plegarse a la letra y el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado. Maduro ha dicho que retira a su país de la OEA, y que denuncia la Carta de Bogotá, pero ese es un proceso que tarda dos años. Ha expulsado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sigue siendo vigente el Pacto de San José y la Comisión y la Corte para su país. Entonces, Venezuela sí tiene obligaciones muy específicas.
La última imprecisión de Cuauhtémoc es la que me parece más grave. Sin la movilización y la unidad de las fuerzas de los sectores prodemocráticos dentro de México es imposible avanzar. Pero también sin el apoyo de sectores externos: aliados, fuerzas afines u organismos internacionales. Cuauhtémoc llamó a que hubiera observadores internacionales en las elecciones del 94; su partido, o varios de sus correligionarios, acudieron a la OEA y a la CIDH para denunciar el fraude electoral. Ahora mismo los sectores más radicales de la izquierda mexicana siguen apelando al GIEI y a instancias análogas para casos como Tlatlaya sin ruborizarse. Sin embargo, ¿con qué cara se pide eso para México sin exigir lo mismo para otros países? ¿Qué no tiene más fuerza la exigencia de sectores opositores en México al solicitar la intervención de organismos como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en México si también se pide en otras partes de América Latina? La mejor ancla contra los retrocesos en esta materia en México son los acuerdos internacionales que se han suscrito.
Creo que sí hay imprecisiones en el texto de Cárdenas, pero celebro la posibilidad de debatirlos con él de esta manera indirecta y espero que respetuosa.