Jorge G. Castañeda
En los últimos días he platicado con varias personas muy inteligentes, muy bien informadas del curso de las negociaciones sobre el TLCAN y muy predispuestas a contar lo que piensan. A todas ellas les he hecho la misma pregunta para la cual no tengo respuesta, al no necesariamente contar con los atributos mencionados: ¿Cuál es la prisa del gobierno de México?
El argumento ‘oficial’ más sensato y creíble que he escuchado involucra a lo que podríamos llamar la inestabilidad psicológica del presidente Trump. Invoca también la esperanza de utilizar las ansias del mismo individuo por lograr alguna victoria en su gestión presidencial que sea inminente y económica. La idea sería que si no terminan las negociaciones en un muy corto plazo –como se ha dicho, para fin de año– Trump es capaz de recurrir al capítulo de salida del tratado o de plantear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. En cambio, es posible que su necesidad de entregar un triunfo a corto plazo lo llevaría a ceder en algunos puntos difícilmente aceptables para México y para Canadá.
Acepto que el argumento es sincero, pero no me convence. No veo por qué Trump sería incapaz de cambiar de parecer, incluso después del famoso handshake de los tres mandatarios en torno a una negociación concluida. Tampoco comprendo por qué Trump le ofrecería a México concesiones mayores en noviembre que en mayo o junio, o a finales de 2018. Si esta es la razón de la prisa mexicana, es muy mala.
El segundo argumento que he escuchado –que el gobierno ha ofrecido de una manera más o menos formal, más o menos oficiosa– es el de la ‘contaminación’. Hay que acabar pronto para que la negociación no contamine ni se contamine con la campaña electoral mexicana de 2018. Para empezar, la de 2018 no es del 18, es ya del 17. En segundo lugar, cerrar la negociación a finales del 17, sin poder lograr una ratificación legislativa en los tres países antes de finales del 18, no sirve absolutamente de nada. Sobre todo si en México gana un candidato presidencial opuesto al contenido de la nueva negociación, u opuesto al tratado en sí mismo; si su partido o su coalición alcanza un tercio bloqueante en el Senado; si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes, o mucho peor, en el Senado de Estados Unidos (EU). Cualquier firma protocolaria sin valor jurídico alguno realizada durante 2018 sería revertida por los actores mencionados. El argumento de la contaminación no tiene el menor sentido, ante todo si nos obliga a ir rápido y a no poner obstáculos donde podemos colocarlos.
El tercer argumento me parece el más persuasivo y el más perspicaz. Sí hay un tema de contaminación, pero no en el sentido en que lo ha dicho el gobierno. En realidad, Peña Nieto y algunos de sus colaboradores tienen prisa por dos motivos: el primero se refiere a la selección del candidato del PRI a la presidencia. Contar con un gran éxito de parte de Luis Videgaray antes de fin de año no pinta tanto porque le permitiera a él ser el candidato, pero sí podría incidir en quien fuera el candidato del PRI.
Pero confluiría también en la estrategia, que ya he descrito como miope, de Peña Nieto para 2018. Alcanzar un gran éxito en la negociación de EU a más tardar para febrero o marzo del año entrante, le daría, piensan, un gran empujón al candidato del PRI y llevarlo a la victoria. Ese sí es un argumento creíble, y a la vez completamente falso.
Pensar que alguien en México va a votar por el candidato de Peña-PRI sólo porque los negociadores mexicanos obtuvieron algún tipo de triunfo en el mantenimiento con matices del contenido del capítulo 19 de solución de controversias antidumping del tratado, me parece delirante. No tiene el menor sentido, pero sí se entiende que pueda servirle al gobierno.
En lugar de tener prisas, quizá convendría poner sobre la mesa lo que Carlos Salinas dijo que puso sobre la mesa en 1992 (ya he argumentado en otras páginas por qué no le creo). México debe tener una agenda propia para el TLC y el tema central de esa agenda propia –lógrese o no, en su totalidad o en una pequeña parte– es el asunto migratorio. México no debe ni puede aceptar que se reabra el TLC sin incluir algo cuya exclusión siempre nos impusieron: el destino de los millones de mexicanos en EU y de los cientos de miles que se siguen yendo cada año. Que esto retrasaría la negociación, sí; que no lograríamos todo lo que buscamos, sí; que es un tema que a Trump no le gusta, desde luego. ¿Y qué?