Jorge G. Castañeda
Los medios norteamericanos informaron desde el viernes pasado que Michael Flynn, el principal asesor de política exterior de Trump durante la campaña electoral y el periodo de transición, y su asesor de seguridad nacional por tres semanas en la Casa Blanca, se declaró culpable de mentir en sus declaraciones al FBI. Aceptó una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel, a cambio de no ser acusado de delitos mayores y de cooperar con la Fiscalía Especial de Robert Mueller. Se trata del golpe más severo asestado a Trump y a su familia desde que comenzó su mandato.
Flynn ha declarado, según filtraciones y documentos del gran jurado ante el cual fue imputado, que conversó en diversas ocasiones con funcionarios rusos a propósito de la decisión del gobierno de Obama de imponer sanciones al régimen de Vladimir Putin por haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016. Asimismo, reveló que sus intercambios con los rusos se refirieron también a una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. En ambos casos, se entiende que Flynn solicitó, a nombre de Trump y de la nueva administración, que Rusia e Israel mantuvieran la calma, ya que el nuevo gobierno en Washington revocaría las posturas de Obama.
Resulta ahora, de acuerdo con otras filtraciones, que Flynn no actuó por su cuenta. Al contrario, consultó a –e informó de– sus conversaciones, a K.T. McFarland, asesora de seguridad nacional de Trump durante la transición, y a “un alto funcionario” de la misma. No puede ser otro que Jared Kushner, yerno de Trump, y actual encargado en la Casa Blanca de múltiples temas delicados. En otras palabras, si Flynn cometió un delito al sostener estos diálogos con funcionarios rusos, y McFarland y Kushner lo sabían en ese momento, también serán acusados ante el gran jurado. Todo indica que eso sucederá.
Pero el asunto no termina en Rusia. Desde hace tiempo se sabe que Flynn fue contratado por el gobierno turco y/o por empresarios de Turquía cercanos al gobierno de Erdogan. La intención era cabildear en Estados Unidos la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo turco radicado en Pennsylvania. Según las autoridades de Ankara, Gülen instigó y dirigió el intento de golpe contra Erdogan en 2016. Por ello y por agravios anteriores, han insistido en su demanda de extradición.
Al no prosperar, buscaron otros caminos. Entre ellos, como se publicitó en noviembre, figuró el intento de ofrecerle 15 millones de dólares a Flynn para “extraer”, es decir, secuestrar, a Gülen, al estilo de la DEA con el Dr. Álvarez Machain en México en los años 80, o, sobre todo, de Adolf Eichmann, raptado por Israel en Argentina en 1960. Nunca se consumó el soborno ni la operación. La no denuncia de una intención de cometer un delito, en Estados Unidos, es un no delito. Pero si Flynn consultó con Kushner, con Trump Jr., o con el propio Trump, sobre la conveniencia de aceptar la oferta y no la reportaron al FBI, pueden verse involucrados en un delito de obstrucción de justicia. De ser el caso, todos serían susceptibles de una grave acusación. El hecho de que un financiero iraní, de nombre Reza Zarrab, se haya volteado en una corte de Nueva York la semana pasada, declarándose culpable de esquivar las sanciones estadounidenses a Irán, por cuenta de Erdogan, y que tal vez sea quien ofreció el soborno a Flynn, complica las cosas.
En estas páginas, especulamos hace algunos meses que la única posibilidad de que Trump saliera de la Casa Blanca, antes de las elecciones de medio periodo de 2018, consistía en su deseo de lograr un indulto para su yerno, su hijo y posiblemente su hija. Sugerí que podían ser formalmente acusados de delitos penales serios. Estamos cada vez más cerca de la imputación; veremos qué puede más, el amor paternal o la ambición presidencial.