Jorge G. Castañeda
Para quienes desde el primer día dudamos del fundamento jurídico de la detención de Elba Esther Gordillo en 2013, su puesta en libertad definitiva por un juez constituye una reivindicación. En mi caso, siempre traté de separar mis afectos personales, mis críticas amistosas a su manera de hacer política, y la valoración del caso judicial en su contra. Desde hace casi 30 años, la considero mi amiga, con los altos y bajos que toda amistad tan longeva entraña; desde entonces también, tanto en público como en privado, he intentado compartirle mis dudas sobre distintos momentos de su actuación política, en el sentido más amplio de la palabra; y nunca vacilé en cuestionar las motivaciones y los procedimientos del gobierno de Peña Nieto para encarcelarla durante cinco años. Si su puesta en libertad se debe o no a un arreglo entre Peña Nieto y López Obrador ni es asunto mío, ni tengo como corroborarlo. Allá ellos.
Dejando a un lado lo personal –pero no es secundario: yo leía las listas de visitantes a los diversos recintos de detención donde yo la visitaba, y eran pocos– el caso de Elba suscita una serie de denuncias lapidarias de nuestro sistema de justicia. Algunos objetarán que se trata del peor ejemplo posible: rica, poderosa, abusiva, excesiva, etc. Es totalmente atípica. Sostengo lo contrario: si a alguien con su poder, sus recursos, su experiencia y sus contactos, le va así, ¿cómo le va a gente indefensa que permanece en la cárcel años sin sentencia?
Primera denuncia: desde el primer día, el caso parecía insostenible. Por evasión fiscal, simplemente absurdo: no hay acusación penal sin auditoría previa. Nunca se produjo. Por lavado de dinero y delincuencia organizada, más absurdo todavía: no se puede conspirar más que con recursos de origen ilícito, y los famosos 2 mil millones de pesos dizque para bolsas de Neiman Marcus provenían de un origen muy claro y lícito, mientras no se demostrara lo contrario: del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El SNTE, totalmente subordinado al gobierno durante todo el sexenio, jamás presentó querella alguna contra Gordillo. Sus dirigentes saben por qué no lo hicieron; yo, no.
Segunda denuncia: detenerla durante cinco años sin sentencia, es decir, sin que la PGR haya podido acreditar su culpabilidad ante un juez perteneciente a un Poder Judicial altamente sensible a las presiones del Poder Ejecutivo, obliga a una conclusión lamentable. Conviene recordarlo por milésima vez: el Estado estaba obligado a demostrar su culpabilidad; ella no estaba obligada a demostrar su inocencia. Más allá de la opinión que cada quien pueda guardar sobre su comportamiento público y privado, Elba fue una presa política.
Tercera denuncia, y quizás la más grave: Elba nunca fue condenada ante la justicia, pero sí frente a la opinión pública. Desde 2012, Peña Nieto candidato, muchos sectores de la sociedad, con buenas y malas razones, los medios de comunicación, y la comentocracia, consumaron un verdadero linchamiento público de la maestra. Es cierto que en parte se lo ganó a pulso; pero el argumento es aberrante. Te lincho por negro; bastaba que no lo fueras, para no lincharte.
Cuarta denuncia: nunca utilizó fondos públicos para sufragar sus excesos privados, ni dilapidó dinero de los contribuyentes en sus gastos ostentosos y moralmente injustificables en este país. Desde un fallo antiguo a propósito del sindicato de trabajadores de la Secretaría o Departamento de Pesca, y sobre todo a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte en 2010, la tesis carece de validez. En agosto de ese año, la segunda sala de la SCJN falló, por unanimidad, que la utilización de las cuotas del sindicato de trabajadores de Pemex, aunque tuvieran un origen público, pasaba al ámbito privado desde el momento en que los salarios de los empleados, incluyendo la parte retenida por Pemex, se devengaran. Lo público se transformaba de facto en privado. Con independencia de la opinión que se pueda esgrimir sobre esta decisión de la Corte, es incontrovertible. Los recursos que el SNTE le entregaba a Elba Esther para sus gastos, no eran públicos, eran privados.
Se trata de una estupidez más del gobierno de Peña Nieto. La detuvieron sin fundamento jurídico, por razones políticas; la mantuvieron detenida durante cinco años, sin acreditar su culpabilidad; se vieron obligados a liberarla, por razones políticas y jurídicas. Nadie gana con esto, pero es el momento, más que nunca, de defender una causa que a muchos imbéciles y a buenos amigos inteligentes les molesta: el debido proceso vale para los buenos y malos, para los que me caen bien y los que me caen mal, para mis amigas y mis enemigos.